El pleno de la Junta General aprobó el viernes 22 de junio el dictamen de la conocida como Ley de muerte digna, con la que se pretende dar cobertura legal a la práctica de los profesionales sanitarios y garantizar la autonomía de los pacientes.
Asturias era hasta ahora una de las pocas comunidades sin legislación en este ámbito directamente vinculado a derechos fundamentales.
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