El Consejo de Ministros aprobará mañana el 'Plan director por el trabajo decente' para el periodo 2018-2020, en el que se enmarcan actuaciones contra los abusos y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, contra el empleo irregular y la discriminación de género y medidas para regularizar la situación de los 'falsos becarios' y 'falsos autónomos', según el borrador del plan al que ha tenido acceso Europa Press.

Se trata del plan que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para luchar contra la explotación laboral, denominación que ha sido cambiada a 'Plan director por el trabajo decente' ante el malestar de las organizaciones empresariales y para recoger la denominación de 'trabajo decente' utilizada por la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado este jueves, tras reunirse con los agentes sociales, que con este plan se busca que aquellas empresas que no cumplen, "lo hagan", para lo que el Gobierno estará "especialmente vigilante". "En la situación actual de recursos, son los que son, pero las necesidades son muchas, por lo que es fundamental que aquellos que no pagan, paguen, y que los que no pagan todo, paguen la totalidad.

Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora, que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición", según consta en el borrador del plan.

El Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos. La Inspección realizará visitas en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado y contarán con la colaboración activa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También continuarán los refuerzos temporales tanto en Baleares como en Canarias para incrementar sus actuaciones durante la temporada alta de turismo con el objetivo de asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones de la normativa vigente. Respecto a los 'falsos autónomos', el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas. Además, desarrollará campañas focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.

Al término de la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada hoy, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que el plan realiza un "buen diagnóstico", pero considera que las dotaciones son "insuficientes", ya que si sólo cuenta con las dotaciones que se aprobarían por la ampliación de la plantilla de Inspección, el tiempo de espera es tan "alto" que "no sería posible que se convirtiera en un plan de choque", tal y como buscan los sindicatos. Según Álvarez, hay "buena voluntad" del Gobierno con el plan pero "faltan medios para poder desarrollarlo".

Asimismo, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha valorado que el plan está "bastante bien escrito" y las líneas de actuación "bien tiradas", pero cree "determinante" la dotación de la que disponga. En este sentido, ha considera que la creación de una mesa de lucha contra la economía sumergida acordada por los agentes sociales y el Gobierno es "importante", aunque ha insistido en la necesidad de un plan de choque contra la precariedad y otro contra la economía sumergida en el ámbito laboral y fiscal.

En el marco de este plan director, el Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto y hasta diciembre, dos planes de lucha, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial. El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" iniciativas similares que han tenido buenos resultados, como las realizadas por el Gobierno de las Islas Baleares.

El objetivo del Gobierno es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas. En este sentido, el plan pretende que las reformas de la legislación laboral que deriven del diálogo político y social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones del Orden Social, particularmente de las sanciones.

Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos. Según el Gobierno, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".

Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y por que se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.

En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y sólo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".