Este plan permitirá la creación de 4.000 puestos de trabajo con una duración de seis meses, por lo que supone una medida "muy importante", que "ha sido posible gracias al acuerdo y al compromiso" de las diputaciones provinciales, según ha explicado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa este martes en Mérida.

De estos 24 millones de euros con los que estará dotado este plan, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) aportará la mitad, es decir, 12 millones de euros, mientras que cada una de las diputaciones provinciales aportará seis millones de euros para completar el presupuesto total.

En su intervención, Gil Rosiña ha explicado que estos 24 millones de euros anuales aportados "de manera consecutiva" durante las anualidades de esta legislatura, han "permitido hacer más de 11.840 contrataciones de ciudadanos que solamente tenían desesperanza antes de que pusiéramos en marcha esta medida de empleo social".

La portavoz de la Junta de Extremadura ha lamentado que esta medida fue "criticada por una parte de los grupos políticos con representación en Asamblea", sobre la que los datos "tres años después, dicen que ha venido a mejorar la situación de muchos ciudadanos, en concreto con más de 11.840 contrataciones".

DOS PROGRAMAS

Por este motivo, este martes el Consejo de Gobierno ha aprobado la cuarta convocatoria de este plan, que se divide en dos programas, uno de ellos está dirigido a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma, y el Programa II a entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de economía social, pequeñas y medianas empresas, autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles y mercantiles, agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, así como profesionales colegiados radicados en Extremadura.

Del crédito total destinado a la financiación de esta convocatoria, el Programa I contará con 19.200.000 euros y el Programa II con 4.800.000 euros.

Cabe destacar que el Plan de Empleo Social nació en 2015 como iniciativa del Gobierno regional en colaboración con las diputaciones provinciales y los agentes sociales y económicos de la región, "para afrontar una difícil situación económica y de desempleo", señala la Junta.

Este Plan establece la concesión de ayudas para la creación de empleo, mediante la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, para la ejecución de actuaciones como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, asistencia social, apertura de centros públicos o cualquier otro destino para facilitar la inserción socio-laboral.

Así, se consideran beneficiarias las personas desempleadas de larga duración, aquellas que en los últimos doce meses no hayan trabajado más de 30 días, sin prestación contributiva por desempleo, y que las rentas o ingresos de la unidad familiar de convivencia no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).