Por parte del Ayuntamiento, según señalan fuentes municipales, está previsto que asistan el alcalde, Óscar Puente, y los concejales de Urbanismo, Manuel Saravia; Seguridad y Movilidad, Luis Vélez; Participación Ciudadana, Alberto Bustos; y Servicios Sociales, Rafaela Romero.
Además, se prevé que asistan miembros de la Policía Municipal y otros servicios municipales, así como la nueva subdelegada del Gobierno, Helena Caballero, tal y como ha apuntado la representante de la Asociación de Propietarios de 29 de octubre, Sagrario Gil.
El Ayuntamiento de Valladolid ha invitado a los miembros de este colectivo, que ya participaron en otra reunión de la Junta Local de Seguridad hace algo más de un año y que a principios de este mes reclamaron la convocatoria de este órgano o de lo contrario convocarían movilizaciones en las calles a partir del mes de septiembre.
Sagrario Gil ha recalcado que ya ha pasado "mucho tiempo" desde que advirtieron el repunte de la presencia de "droga" en este polígono de viviendas situado en el barrio de Pajarillos y ha advertido de que la situación ha empeorado y las condiciones de vida se han deteriorado aun más en este barrio.
Así, ha advertido de la presencia de toxicómanos "de heroína" y de jeringuillas mientras, ha lamentado, "todos miran para otro lado", pero ha recalcado que no quieren que "esto no puede ser otra vez el poblado de la Esperanza", en referencia al punto negro del narcotráfico vallisoletano que existió hasta principios de la pasada década.
Gil ha incidido en que las reclamaciones de los propietarios de la zona son para que se ponga en marcha la parte social del proyecto del 29 de octubre que lleva a cabo el Ayuntamiento, pues entiende que sólo se han realizado reformas en los edificios. "Son muy bonitos, pero si no se hace nada en el tema social no va a servir para nada, va a ser un gasto innecesario de dinero", ha aseverado.
La representante de los propietarios ha insistido en que espera comprobar este jueves la implicación del Ayuntamiento y, especialmente, de la concejal de Servicios Sociales, Rafaela Romero, pues entiende que es "una de las que se tiene que implicar"
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