Se trata de una pareja de 49 y 51 años con un hijo menor, de 17, cuyos únicos ingresos provienen de la Renta Social Básica, y que según el colectivo lleva "meses", y junto con la Oficina de Emergencia Habitacional, negociando un alquiler social con la Unión de Créditos Inmobiliarios, propiedad del Banco Santander y BNP Paribas, que es la entidad denunciante y ejecutante del lanzamiento.
Según ha explicado desde la Plataforma a Europa Press, el desalojo se ha paralizado gracias a la mediación del Gobierno regional, pese a lo cual, y aunque no se ha personado la comisión judicial, sí lo ha hecho la policial, con quienes ha habido un "pequeño enfrentamiento", con algún "empujón".
A consecuencia del mismo, el portavoz del colectivo presentará una denuncia a "título informativo" en Delegación del Gobierno por "trato vejatorio", y para que su titular, Pablo Zuloaga, adopte medidas encaminadas a que los efectivos policiales "no sean tan salvajes".
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