El diputado del PP en el Congreso de los Diputados y exministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que es "muy importante" que la jurisprudencia "aclare" lo que "puede soportar o no" una persona por ostentar un cargo público, en relación con su exposición en redes sociales, y cree que "quizás" es "conveniente" elaborar un procedimiento singular para garantizar una "rapidísima" respuesta de los tribunales para los delitos contra el honor.

Además, ha abogado por un marco normativo "actualizado" que identifique "riesgos y amenazas" porque "para derrotar al enemigo hay que conocerlo", así como por "reforzar" la arquitectura legislativa para combatir la ciberdelincuencia.

Así, considera que para conseguirlo hay que "identificar" sus armas para combatirlas, porque, tal y como ha añadido, esta es una demanda de la sociedad y de los operadores jurídicos, tal y como ha señalado en una mesa redonda celebrada esta tarde en Santander durante el encuentro 'Influencia de la comunicación en la Justicia' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Preguntado concretamente por si hay indefensión cuando se producen delitos en redes sociales durante un proceso judicial, Catalá ha hecho hincapié en que cualquier persona que vea sus derechos vulnerados, puede acudir a los tribunales. "Si alguien insulta, calumnia, injuria, amenaza a otro, la única respuesta es la tutela de derechos ante los tribunales", ha apostillado.

No obstante, el exministro de Justicia cree que las redes sociales no causan indefensión a las víctimas de delitos porque España cuenta con herramientas que "garantizan" la defensa de derechos que puedan verse vulnerados en las redes. Sin embargo, cree que hay que mantenerse vigilantes y promover reformas legislativas que acompañen las demandas de la sociedad.

Catalá ha incidido que en la actualidad vivimos "sin duda" en una "nueva época" debido al volumen de usuarios y datos en las redes sociales y ha destacado que tanto a nivel europeo como español se ha ido avanzando en este ámbito y que en España las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) llevadas a cabo por el anterior Gobierno del PP "han ayudado a ir en el buen sentido".

De hecho, considera que "seguimos avanzando" en el "difícil equilibrio" que hay entre los derechos a la comunicación y al uso de redes sociales con la protección de los derechos de las personas que pueden verse afectados por delitos en la Red.

Catalá ha mencionado algunos cambios legislativos como la inclusión del agente encubierto 2.0, los delitos de calumnias o injurias, o la tipificación de delitos de enaltecimiento del terrorismo en la Red y la humillación a las víctimas, como parte de las reformas legislativas del anterior Ejecutivo.

Asimismo, ha recordado que este martes se cumplen 21 años del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Tal y como ha señalado Catalán, Miguel Ángel Blanco es un "símbolo" de la lucha por la libertad y sobre quien ha habido "delitos de humillación", como ha ocurrido con otras víctimas del terrorismo.