Estas medidas se han planteado este lunes en la reunión mantenida por el equipo de gobierno conformado por PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú, para abordar cuestiones tras la renuncia de Rodríguez al cargo tras su detención y puesta en libertad con cargos en la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en esa empresa pública.

Así lo ha indicado tras el encuentro Maria Josep Amigó, que ha destacado que el cierre de Divalterra, para el que no ha concretado fecha, se abordará "con todas las garantías jurídicas que hagan falta y los informes necesarios".

La presidenta en funciones ha comentado que la idea es ir vaciando de competencias esta entidad en favor de la corporación provincial y de otras administraciones como la Generalitat. Igualmente, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadores porque sus derechos "nunca serán vulnerados".

Amigó ha añadido que en el consejo de administración que está previsto celebrar en Divalterra en breve, se producirá "el cese de los cogerentes y el secretario" de este órgano, -Agustina Brines (ya cesada por Compromís), Xavier Simó y Jorge Cuerda, respectivamente-, igualmente detenidos en la operación Alquería.

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