La Audiencia Provincial ha absuelto al empresario y expresidente de la CEOE de Cantabria y actual presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, Miguel Mirones, de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los que se les acusaba por vender un negocio familiar dedicado a la explotación de este tipo de alojamientos turísticos a un precio inferior al de mercado.

También estaba acusado de estos delitos otro de los hermanos Mirones, Santos, que también ha resultado absuelto en esta sentencia, que aún no es firme ya que contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En sentencia de 11 de junio, consultada por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial considera que faltan algunos de los "elementos configuradores" de los dos delitos de los que se les acusa, como es la necesidad en ambos de que haya un perjuicio.

En este proceso, los cuatro hermanos Mirones que ejercían la acusación particular, y que inicialmente pedían para Miguel y Santos penas de prisión de tres años y nueve meses y tres años, respectivamente, por un delito societario, la retiraron al inicio del juicio, con lo que la Fiscalía quedó como única acusación.

La Fiscalía mantuvo su petición de dos años de cárcel para Mirones y su hermano por un delito de apropiación. Como alternativa, planteó una solicitud de 18 meses de prisión por administración desleal.

La Sala señala en la sentencia que en algunas de las pruebas practicadas en el juicio, como en el informe de los peritos, consta que la operación de compraventa realizada por los acusados fue "pactada" por los socios -v hermanos Mirones-, con un precio por acción "razonable" y con las condiciones ya habían sido "convenidas" por la sociedad en otras operaciones similares.

Por ello, entiende que "los hechos objeto de acusación no son más que el mero cumplimiento de lo pactado entre los socios sin que los mimsos puedan ser constitutivos de infracción penal alguna".

De hecho, señala que "ni siquiera cabe hacer reclamaciones civiles por dicha operación al haber reconocido de forma expresa los socios de la empresa que lejos de resultar perjudicial ha resultado beneficioso", algo que, además, cree que ha quedado acreditado por la "contundente prueba pericial".

En consecuencia, la Sala entidiende que "faltarían los elementos configuradores" de los delitos de apropiación indebida (perjuicio de otro) o administración desleal (un perjuicio económicamente evaluable).

En el juicio, Mirones aseguró que la operación de compraventa del negocio fue "hablada, pactada y acordada" por "todos" sus miembros. "La operación la conocíamos toda la familia", dijo.

Miguel y Santos Mirones estaban acusados por vender un paquete de 1.277.514 acciones de la sociedad familiar Tres Mares S.A. a Estratac S.L, de la que eran socios los dos.

La venta fue realizada supuestamente, según el escrito de la Fiscalía, sin el conocimiento del resto de hermanos y con el consiguiente perjuicio para estos debido al valor económico (se efectuó por 6,9 millones a satisfacer en diez años cuando estaba valorada en 8,5 millones) y las condiciones en que se llevó a cabo (sin pactar interés de aplazamiento ni garantías para asegurar el pago o posibilidad de resolver la compraventa).

Sin embargo, los dos aseguraron ante la sala que la operación fue "hablada, pactada y acordada" por "todos" los miembros de la unidad familiar. "La conocía toda la familia", zanjó el exjefe de la patronal cántabra y máximo representante de los balnearios españoles.

Y aunque admitió que la operación, prevista en agosto de 2014 y ejecutada en noviembre de ese año, se había "acelerado", argumentó que fue por la "presión" de sus hermanos, y después de que uno de ellos -Javier, el principal querellante- alertara de problemas de tesorería de la sociedad familiar que podrían llevar a la insolvencia o incluso al concurso.

Dicha situación podría arrastrar, por su importante participación, a Balnearios y Hoteles de Cantabria (BALYHO S.L), de la que Miguel y Javier eran administradores solidarios y que se dedicaba a la explotación de unos apartamentos y alquiler de oficinas y bajos comerciales.

Para evitar tal extremo y "salvar" la sociedad familiar, el exlíder de la CEOE regional esgrimió que ofreció su aval personal y puso en juego todo su patrimonio.