Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ante "la alarma social" por las quejas de los vecinos de esta zona denunciando la existencia de recientes ocupaciones ilegales, se ha reunido con responsables del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local.

También lo ha hecho con los servicios municipales relacionados con estas cuestiones, Vivienda, Servicios Sociales, Urbanismo y Gerencia de Servicios Urbanos, para coordinar las acciones a llevar a cabo con toda la contundencia que permite la Ley.

Entre las medidas iniciales se ha acordado realizar inspecciones para la identificación de cada persona que esté relacionada con una ocupación ilegal, además de estar atentos a las denuncias de los vecinos.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha señalado que se iniciará el procedimiento para actuar mediante un desalojo en la vivienda municipal de la calle Orellana número 18, iniciándose el correspondiente expediente para su posterior derribo. La propuesta irá al pleno del próximo 19 de julio.

Paralelamente, desde los Servicios Sociales han transmitido que se van a estudiar personalmente las situaciones de procedencia y socioeconómicas de cada familia implicada, coordinándose desde Vivienda todas las acciones relacionadas con estas políticas.

Del mismo modo, desde Urbanismo y Servicios Urbanos se coordinarán en los procedimientos administrativos de los expedientes llevándose a cabo además la inspección y adecentamiento de los solares de la zona.

"Se entienden las dificultades económicas que puedan atravesar familias y, en la caso de las alcalareñas, se trabaja con los medios posibles para atenderlas", han abundado.

No obstante, el Consistorio ha comunicado que tiene la responsabilidad de acatar y hacer cumplir la Ley en su territorio, evitando además situaciones que generen problemas de convivencia o salud. "La voluntad de atajar el efecto llamada ante ocupaciones ilegales es firme y contundente", han concluido desde el gobierno local.