El exalcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha mantenido este martes, en el juicio sobre la firma de las 'comfort letter' para el préstamo de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), que no consultó a nadie al respecto de su actuación porque desconocía su "transcendencia" económica y creía que eran "una recomendación de cortesía" de carácter "no oficial".

Así lo ha expresado León de la Riva en su declaración en la Audiencia Provincial de Valladolid en el juicio al que se enfrenta junto a los exconcejales de su equipo de Gobierno Manuel Sánchez y Alfredo Blanco por la suscripción de tres cartas de conformidad en los años 2008, 2010 y 2011 con las que el Ayuntamiento se comprometió a hacer frente a los 100 millones de euros que le correspondían del total del préstamo de la SVAV -400 millones- por su participación del 25 por ciento.

Durante unos 55 minutos, el exregidor 'popular' ha respondido a las preguntas de la representante del Ministerio Fiscal, Ana Valle, el abogado del Ayuntamiento de Valladolid, que actúa como acusación particular, Rafael Guerra, y de la defensa de Alfredo Blanco, José Ferrández Otaño. Su abogado y también representante de Manuel Sánchez, José María Tejerina, no le ha formulado cuestión alguna.

En su declaración, León de la Riva ha defendido en varias ocasiones que en los años 2008, 2010 y 2011 desconocía la naturaleza de las 'comfort letter' así como su "transcendencia" económica. De hecho, ha reconocido que no era "consciente" del alcance del documento y que no consultó a nadie en el Ayuntamiento y nadie le advirtió de las consecuencias.

El exregidor, que llegó a la Audiencia unos 15 minutos antes del comienzo de la sesión y se encontró con varias personas que le llamaron "ladrón" a gritos, se enfrenta a un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas en 2008, 2010 y 2011, ya que las acusaciones estiman que todas tenían naturaleza de aval.

A este respecto, León de la Riva ha defendido que desconocía que el documento fuera un aval y para ello se ha apoyado en un acta del Consejo de Administración de la SVAV a finales de 2007 en el que el entonces presidente y secretario de Estado, Víctor Morlán, aclaró que ninguna administración debería suscribir aval alguno.

El abogado del Ayuntamiento le ha recordado varias declaraciones a los medios de comunicación en las que supuestamente aseguró haber "firmado un aval" para la operación del soterramiento, sin embargo, y tras denegar el presidente de la Audiencia y de la Sala, Feliciano Trebolle, que se pudieran citar expresamente informaciones periodísticas, León de la Riva ha precisado rápidamente que el aseguró que había "avalado el soterramiento", lo que en su opinión no quiere decir que firmar un documento de aval.

León de la Riva ha explicado que, en aquel momento, en el Consistorio "nunca se había firmado una 'comfort letter'", por lo que "pensaba que era una carta como de recomendación de cortesía" para apoyar la negociación de los préstamos por parte del consejero delegado de la SVAV y se le instaba a lograr las "mejores condiciones económicas".

El exalcalde ha afirmado que no tuvo conocimiento de esas consecuencias económicas hasta que el actual alcalde, Óscar Puente (PSOE), le llamó por teléfono a los tres meses de tomar posesión en 2015 para informarle de que había "aparecido" una carta de conformidad y, de hecho, ha defendido que en ese momento desconocía a qué se refería el regidor socialista. Posteriormente, ha añadido, mantuvo una reunión con él "de la que hay testigos" en el Ayuntamiento.

Además, ha añadido que entendió que no era un documento "oficial" sino una carta como las "miles" que asegura que rubricaba a lo largo de un año como alcalde, encabezado por un "muy señores míos" y con una firma simplificada que no era la que estaba registrada por las entidades bancarias.

De hecho, se ha referido específicamente a la firma de la primera de las tres cartas, el 28 de julio de 2008, cuando ha recordado que plasmó su rúbrica con una "velocidad tremenda" por "la urgencia del caso", ya que una trabajadora de la SVAV acudió a su despacho con el documento ya redactado "por los bancos", que debía pasarse a "papel oficial de Alcaldía" y firmarse "rápidamente", de modo que realizó una lectura "sesgada".

El exregidor del PP ha precisado que, desde un Pleno celebrado en el año 2002, estaba autorizado a firmar cartas y documentos referentes a la actividad de la SVAV, si bien ha matizado que dentro de la entidad nunca se encargó de asuntos económicos y financieros, pues ha apuntado que "siempre" correspondieron al consejero delegado o director general.

"NO HABÍA DIFICULTAD" POLÍTICA NI ECONÓMICA

León de la Riva ha reconocido que ahora es consciente de que las firmas se llevaron a cabo "mal" y que "no había dificultad" para haber procedido bien, pues en 2008 y 2010 el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Pleno y contaba con capacidad económica pues la cantidad correspondiente de los 200 y 70 millones, respectivamente, de los créditos no elevaban la deuda pública por el encima del límite marcado por el 'techo de gasto'.

En 2011 ha reconocido que sí que se habría superado ya ese límite, pero ha considerado que se habría solucionado con una "autorización de la Consejería de Hacienda" que entiende que no habría habido "ningún problema" pues la Junta también es accionista de la SVAV.

Con respecto a la deuda, posteriormente el exedil Alfredo Blanco ha aseverado que ni el gasto ni la deuda financiera de la Sociedad serían computables al Ayuntamiento al tratarse de una entidad de naturaleza "independiente" y no ser el Consistorio accionista mayoritario.

El abogado del Ayuntamiento le ha recordado a León de la Riva que en su declaración en la fase de Instrucción, cuando se desconocía la existencia de las 'comfort letter' de 2008 y 2010 aseguró que la de 2011 fue el primer documento de este tipo firmado en el Ayuntamiento, a lo que el alcalde ha precisado que "quizás" se expresó mal.

El primer edil ha subrayado que nunca entendió que esta carta fuera un "instrumento financiero" y ha apuntado que los bancos podrían haber remitido los créditos, si había dudas, al Banco de España para el "control de riesgo".

PETICIÓN DE RETIRADA DEL AYUNTAMIENTO COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

El juicio había comenzado con una alegación, por parte del abogado de Blanco, para retirar la acusación particular del Ayuntamiento, pues entendía que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no contempla que un "perjudicado" se presente como acusación particular y que, al haber efectuado Adif el pago de los 400 millones pendientes del préstamo a finales de 2017, ya no se ha producido perjuicio económico para las arcas municipales.

El presidente de la Audiencia ha denegado la solicitud ya que estas cuestiones no se plantearon en noviembre de 2016, cuando se pudieron presentar alegaciones a los escritos provisionales de calificación, y al considerar que el documento de pago de Adif "no tiene entidad bastante" para eliminar la responsabilidad criminal.

Sobre ello, Alfredo Blanco ha señalado, en respuesta a una pregunta final del propio Trebolle, que ni las 'comfort letter' tuvieron "perjuicio" para el Ayuntamiento y "ahora ya es imposible que lo vayan a tener".

Por su parte, el exconcejal Manuel Sánchez ha fundamentado su declaración en el desconocimiento de las cuestiones financieras de la SVAV, ya que él, como concejal de Infraestructuras y Planificación abordaba materias de estos aspectos. Eso sí, ha asegurado que si le hubiera llegado a él el documento de firma de la 'comfort letter' habría consultado al interventor y el secretario.