El Ayuntamiento de Logroño solo tiene constancia de un contrato y un pago con una empresa relacionada con Gespol

  • El Ayuntamiento de Logroño solo tiene constancia de un contrato y de un pago con una empresa relacionada con el sistema de gestión policial Gespol. Un contrato que se adjudicó por procedimiento negociado a la entonces empresa titular Bilbomática por 45.000 euros en diciembre del año 2014 y que, en mayo pasado, y tras no cumplir las expectativas, entró por parte municipal en proceso de resolución.
Agente policiales en el Ayuntamiento de Logroño
Agente policiales en el Ayuntamiento de Logroño
EUROPA PRESS
Agente policiales en el Ayuntamiento de Logroño

Así lo ha afirmado este martes el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sáinz, que ha subrayado que en el Consistorio logroñés "se ha pedido información y se está recabando información, no se está efectuando ningún registro de dependencias municipales". "Las investigadas son las empresas -ha reseñado- no este Ayuntamiento, ni ningún funcionario ni ningún cargo público".

Se refería, de este modo, a la presencia, desde primera hora de esta mañana, de agentes de la UDEF en el Ayuntamiento logroñés, donde han requerido información y documentos en las Unidades de Intervención y de Contratación, y en las que, a esta hora, aún se encontraban los efectivos policiales.

Todo forma parte de la operación lanzada este martes por la Fiscalía Anticorrupción, junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que prevé la detención de "diversas autoridades y funcionarios" y registros y requerimientos de documentación por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios.

Los hechos investigados, según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

En el caso de Logroño, como ha detallado Miguel Sainz, se ha pedido "expedientes de contratación y pagos realizados a las empresas, 10 u 11, que están bajo investigación", de las que, en sus palabras, "solo se ha encontrado un contrato y un único pago a una de estas empresas para la adquisición de un sistema de gestión interno de la Policía Local".

"El Ayuntamiento está colaborando con la policía y con la justicia aportando toda la documentación requerida", ha insistido Sainz, quien ha puntualizado que "no conocemos las relaciones societarias dentro de las empresas investigadas", por lo que "a esta hora, solamente se ha encontrado un contrato" relacionado con una de ellas.

No ha dado más valoraciones el portavoz municipal "porque es una petición de documentación que está bajo secreto de sumario" y ha hecho una llamada "a la prudencia y a la tranquilidad" tanto a los ciudadanos como, especialmente, a los Grupos Municipales, "que siempre han estado debidamente informados de todo lo relativo a este contrato".

Sainz ha recordado que Gespol se adjudicó en el Ayuntamiento de Logroño en diciembre de 2014 mediante un procedimiento negociado, al que se invitan a tres empresas, "y se adjudicó a Bilbomática" por unos 45.000 euros. En principio, era una aplicación para un sistema de gestión interno, relacionado con los calendarios, turnos, estadísticas o la ordenación de los operativos policiales.

"Funcionaba en otros sitios con éxito, aquí se preveía que fuera algo más amplio", ha señalado el portavoz. Sin embargo, despúes de comprobar "problemas en la implementación y retrasos en su puesta en marcha", el pasado mes de mayo, se decidió por el equipo de Gobierno incoar expediente a la empresa, incautar la fianza y continuar con los trámites para la resolución del contrato, entre ellos determinar una cuantía de indemnización por daños y perjuicios.

Miguel Sainz ha incidido en que, en el caso de Logroño, "no hay relación alguna con temas de movilidad, tráfico, o multas con ninguna empresa externa, todo es público, llevado por funcionarios y transparente al cien por cien" y ha vuelto a pedir "prudencia" a la oposición "porque es un asunto fácil para hacer valoraciones precipitadas y erróneas: hay solo una relación contractual para un tema interno de la policía que no ha funcionado, no hay más que buscar".

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