La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que su Conselleria de Presidència ya ha empezado a tramitar la solicitud de Carles Puigdemont para acceder a las prerrogativas como expresidente: "Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad".

Lo ha dicho en rueda de prensa tras las reuniones que el presidente del Govern, Quim Torra, ha mantenido este lunes en el Palau de la Generalitat con el presidente de CECOT, Antoni Abad, y el de FemCat, Pau Relat, para abordar los principales retos de la legislatura.

Artadi ha precisado que las primeras prerrogativas que se pondrán en marcha son las relativas a la seguridad para escoltar al presidente, a través de los Mossos d'Esquadra. "Es la prioridad ahora mismo", y ha asegurado que no debe ser problema que Puigdemont resida actualmente en el extranjero.

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha pedido al Govern de Quim Torra que le otorgue las prerrogativas que le corresponden por ley como expresidente de la Generalitat salvo el sueldo, ya que tiene nómina como diputado del Parlament.

Según ha informado Rac1 y han confirmado fuentes del Ejecutivo catalán, Puigdemont presentó el pasado 22 de junio un escrito al Govern pidiendo acogerse a las prerrogativas que establece la ley de expresidentes de la Generalitat.

Fuentes del Gobierno catalán han indicado que es el Departamento de Presidencia, dirigido por Elsa Artadi, quien está analizando la petición del expresidente catalán, quien, a diferencia de sus predecesores, vive fuera de España, actualmente en Alemania, a la espera de lo que dictamine la justicia germana sobre su extradición.

La ley del estatuto de los expresidentes establece que la Generalitat debe cubrir a cada expresidente los gastos de una oficina con tres trabajadores y un coche de representación con chófer y servicios de seguridad.

Además, la norma establece que éstos tienen derecho a una asignación mensual del 80 % de su retribución cuando eran presidentes -o del 60 % en caso de mayores de 65 años-, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura.

Pero la ley establece que la percepción de esa asignación como expresidente es incompatible con el ejercicio de un cargo público, razón por la cual Puigdemont no ha pedido la retribución porque es diputado autonómico.

Puigdemont fue destituido en aplicación del 155 a finales de octubre de 2017, cuando huyó a Bélgica, pero en ese momento no lo aceptó porque entendió que no podía cesar por este mecanismo.

Así, renunció entonces a las prerrogativas como expresidente de la Generalitat, criterio que ha modificado después de que se haya constituido el Govern de Quim Torra.