Así, los legisladores piden en un documento, aprobado por 101 votos a favor y tres en contra, que Naciones Unidas y la UE modifiquen las reglas con las que elaboran dichas listas y revisen sus sanciones, para no dañar "la credibilidad de la lucha internacional contra el terrorismo".
Una herramienta necesaria
El legislador suizo Dick Marty, ponente del informe, afirmó que su objetivo no es cuestionar la utilidad de esta herramienta, a la que calificó de "necesaria ante la amenaza terrorista", sino rebatir cómo "se utiliza". En este sentido, culpó a la ONU y a la UE de no haber previsto un procedimiento para dar de baja a una persona u organización de las listas.
La Asamblea recuerda el derecho a ser avisado e informado de las acusaciones presentadas, de contar con una defensa jurídica y de ser indemnizado "en caso de violación injustificada de sus derechos". Asimismo, el texto
370 inscritos en la lista de la ONU
Según Marty, estas listas "están por debajo de las normas de un estado de derecho y democrático", porque permiten que "uno se convierta en terrorista sin que lo diga una autoridad judicial". Según dijo, hay unas 370 personas inscritas en la lista de la ONU y 60 en las de la UE. La gran mayoría "no han sido nunca condenadas ni tienen ningún procedimiento pendiente".
La inscripción en la "lista negra" del Consejo de Seguridad de la ONU conlleva la congelación de los derechos de la persona y la prohibición de viajar al extranjero.
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