El PP pide negociar la financiación en el CPFF antes de finalizar el año y mantener las térmicas hasta 2030

  • El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de 30 propuestas de resolución como consecuencia del Debate de Política General que concluye este jueves entre las que destacan la necesidad de continuar con los trabajos de reforma del sistema de financiación para su negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de finalizar el año y que, en paralelo, se inicien los trabajos para abordar la "necesaria" reforma de la Financiación Local.

Además, el PP urge al Gobierno de la nación a anunciar su apoyo al mantenimiento de la generación térmica con carbón autóctono al menos hasta 2030, desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera, firmado en Madrid el 13 de octubre de 2016, y convocar una subasta específica para la asignación de régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, particularmente a partir de biomasa.

Por otro lado, los 'populares' abogan por modificar la norma que regula el desempeño de las funciones de secretaría, intervención y tesorería en la entidades locales menores para recuperar la figura del secretario-vecino para el ejercicio de dichas funciones.

En agricultura piden desarrollar la Posición de Comunidad sobre la nueva Política Agrícola Común "definiendo de forma consensuada el modelo que defienda los intereses del sector agrario de nuestra Comunidad, y se ofrezca al Ministerio de Agricultura con el objetivo de que sirva de guía en el Estado español, para la aplicación de esta política en el territorio nacional".

También piden trasladar al Gobierno de la nación la necesidad de defender en la Unión Europea la política de desarrollo rural manteniendo, como mínimo, la financiación actual, "eliminando la reducción propuesta de la financiación y de la tasa de cofinanciación del FEADER, por lo menos en las regiones europeas con bajas densidades de población en las áreas rurales, como es el caso de Castilla y León, evitando de esta forma el debilitamiento de esta política europea".

Otras de las propuestas de resolución del PP pasan por incrementar las líneas de seguros agrarios para reforzar esta política preventiva ante adversidades climatológicas y aprobar una convocatoria nueva de incorporación a medidas agroambientales y de agricultura ecológica antes de que finalice 2018.

En el área de sanidad destaca la propuesta para desarrollar de acuerdo con el personal sanitario experto en radioterapia la extensión de las unidades satélite de radioterapia en nuestra Comunidad y adoptar todas las medidas necesarias para paliar la creciente falta de médicos especialistas y realizar junto a las Comisiones Nacionales de las Especialidades una adecuada planificación para conseguir la resolución estructural de este problema.

Asimismo, contempla establecer la Oferta Pública de Empleo para el acceso a plazas de la Gerencia de Salud con periodicidad fija y desarrollar el concurso de traslados abierto y permanente junto a todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo del personal al servicio de la Gerencia Regional de Salud.

Respecto a las propuestas de infraestructuras viarias el PP propone programar en los Presupuestos de 2019 las obras correspondientes a la carretera autonómica CL-627, de Cervera de Pisuerga al límite con la Comunidad de Cantabria y que ADIF Alta Velocidad programe y ejecute cuanto antes el paso inferior de la futura variante de la carretera autonómica CL-626 (Eje Subcantábrico) bajo la línea de alta velocidad León-Asturias, "de manera que la construcción de la Variante de la Robla no se vea comprometida en un futuro".

Asimismo, aboga por promover ante el Gobierno de la nación que se acometan las actuaciones e inversiones necesarias para la reapertura de la línea ferroviaria Aranda de Duero-Madrid, dotándola de la infraestructura de bloqueo automático para su puesta en servicio cuanto antes, de conformidad con los pronunciamientos en tal sentido de las Cortes de Castilla y León, y con la propia solicitud de la Junta de Castilla y León remitida en febrero de 2018.

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