Ciscar en una imagen de archivo
Ciscar en una imagen de archivo EUROPA PRESS - Archivo

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València -que investiga la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) durante la etapa al frente de Consuelo Ciscar- ha emitido un auto en el que solicita a los peritos judiciales designados anteriormente en esta causa Jaime Briuega Sierra, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, y Javier Pérez Segura, docente de Historia del Arte del mismo centro, que realicen una ampliación de sus informes previos dada la inclusión de nueva información sobre una serie de obras de arte objeto de investigación y otras ahora incorporadas.

Así consta en un auto del Juzgado de Instrucción 21 de València fechado este lunes en el que la jueza instructora recuerda que en la causa se analizan un grupo de obras de arte, entre las que figuran ocho adquiridas por el IVAM al artista Gerardo Rueda transmitidas por su hijo José Luis Rueda -investigado en la causa-, que fueron objeto de informe suscrito por estos dos peritos, Jaime Briuega y Javier Pérez.

Dicho informe se refiere a cinco copias póstumas del escultor Gerardo Rueda, sobre las que se concluye que su precio de mercado no debía superar el 10% de lo que el IVAM pagó en su día por su adquisición, y a otras tres cuyo precio de mercado oscilaría entre los 4.000 y los 8.000 euros y por las que el IVAM abonó entre 85.198 y cerca de 115.000 euros.

En el año 2015, se remitió un escrito al director gerente del IVAM para que aportase la descripción necesaria con el fin de obtener "una adecuada valoración de las obras", a lo que este respondió con un escrito que incluía un informe del conservador de la colección del museo valenciano. A continuación, se requirió al Ministerio de Cultura la designación de peritos judiciales para la emisión de un informe. En julio de 2016 tuvo entrada en el Juzgado un informe que reiteraba las "dudas razonables sobre la originalidad de las obras" y por ello no se propuso su tasación.

Así, tanto Fiscalía como el letrado de la Generalitat, presente como acusación en este caso, instaron a dirigir la investigación penal contra José Luis Rueda, hijo y heredero de Gerardo Rueda, y quien vendió las obras al IVAM. Asimismo, este abogado solicitó la ampliación de los informes que obran en la causa emitidos por los peritos previo traslado de la documentación y manifestaciones facilitadas por Eduardo Capa.

Con la finalidad de que los citados informes y dictámenes emitidos en la causa "lo sean todos ellos por peritos judicialmente designados y tengan entrada el proceso en igualdad de condiciones", la jueza procede a la designación de estos expertos e indica que deben tener acceso a los expedientes de adquisición de las obras de Gerardo Rueda y del informe emitido por los peritos para que con ello ratifiquen o introduzcan correcciones a su análisis previo y lo amplíen.

La instructora procede a ello porque estos peritos, al momento de emitir sus informes, no tuvieron conocimiento de las manifestaciones ni de la documentación aportada por Fernando Capa, representante legal de la Fundición Eduardo Capa Sanz, empresa que ejecutó las reproducciones post mortem adquiridas por el IVAM en 2006 y por el que el museo abonó medio millón de euros. En dichos documentos se incluyen tanto las obras que fueron objeto de informe como otras que también adquirió el IVAM siguendo el mismo proceso.

INFORMACIÓN RELATIVA AL MINISTRO DE CULTURA

En el auto, la jueza también se detiene a analizar la declaración y repercusión en los medios de comunicación de la declaración de José Luis Rueda como investigado en las que aludió, a preguntas de su abogado, a al recién nombrado ministro de Cultura, José Guirao, y a que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) también adquirió obras de Gerardo Rueda.

Al respecto, señala la titular de Instrucción 21 que es cierto que el investigado hizo "continuos paralelismos" entre las adquisiciones de obras de su padre materializadas en el año 2000 con el Reina Sofía y las hechas en los años 2004 y 2006 con el IVAM, con Ciscar.

Para acreditar tales alegaciones, la defensa de José Luis Rueda aportó el convenio de adquisición de obras del Reina Sofía, del que la jueza apunta que, solo de su lectura, "no se aprecia ni en su tramitación ni en el contenido de lo que en el mismo se menciona irregularidad, no dudando esta juzgadora que las obras a las que se contrae el mismo fuesen auténticas y originales de Gerardo Rueda".

Esta circunstancia "no se puede bajo ningún concepto aplicar a los expedientes de adquisición del IVAM" porque, argumenta, "existe una clara diferenciación entre los términos que se utilizan en ambas adquisiciones". En el caso del Reina Sofía, "se reitera al menos en cinco ocasiones el uso del término obras originales de Gerardo Rueda", por lo que la magistrada considera que "es obvio que por su contundencia en el uso de tales términos que el MNCARS fue especialmente cuidadoso al exigir que las obras (...) hubieran sido manufacturadas/ejecutadas por Gerardo Rueda o bajo su dirección".

Esto, continúa la jueza, "contrasta de una manera escandalosa con los términos de los contratos suscritos con el IVAM en fechas 2004 y 2006, en los que se juega al equívoco con las obras". A la vista de estas diferencias entre los convenios de ambos museos, "se esclarece más si cabe la clara intención del heredero de hacer pasar copias o reproducciones póstumas por originales". De hecho, en el contrato con el IVAM del 2004 "se oculta deliberadamente que son obras póstumas".

"La diferencia entre las adquisiciones del IVAM y del MNCARS se agravan convirtiéndose en negocios jurídicos antitéticos", llega a afirmar la juzgadora que, además, indica que el Reina Sofía compró obra de arte "ya materializada", mientras que el museo de València "compra obra por hacer que no existía cuando se firmaron los contratos". Por todo ello, sostiene que el centro museístico de Madrid fue "especialmente pulcro" en su exigencia de que solo se adquiriesen obras originales.

La única similitud que existe en el modo de obrar de ambos museos, agrega el auto, es "la valoración que se les da a las obras en ambos expedientes". "Y ello a pesar de que el MNCARS adquiere obras originales de Rueda, mientras que el IVAM reproducciones póstumas, siendo más que evidente que nunca puede tener igual valor la obra ejecutada por el artista que la fundida tras su muerte", incide.

Resalta además la jueza que tanto Tomás Llorens como Francisco Calvo Serraller, testigos propuestos por la defensa de Ciscar, como sus hijos, percibieron en el primer caso 138.000 euros y en el segundo 66.000, por servicios de comisariado en el IVAM al tiempo que eran miembros del Consejo Rector del museo, algo que el auto califica como "llamativo" y sobre lo que destaca que el Consejo Rector no tenía conocimiento, puesto que no se les hacía saber las personas que la directora designaba y tampoco el honorario que se les abonaba.

SUBVENCIÓN DE 150.000 EUROS

En el auto, la titular de Instrucción 21 también hace referencia a un informe de la UDEF recibido el 21 de junio en el que se daba cuenta de que la Fundación Eduardo Capa recibió 150.250 euros de la Generalitat entre 2001 y 2004, con Ciscar como subsecretaria de Promoción Cultural de la Conselleria de Cultura y con el concepto de 'subvención nominativa no condicionada para gastos corrientes'. Por la omisión de este extremo, considera que procede la citación, nuevamente, de Fernando Capa.

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