Los Servicios de Atención Integral (SAI) a los colectivos LGTBI atendieron en 2017 unas 400 consultas e incidencias relacionadas con información, asesoramiento, acompañamiento o denuncias por discriminación o violencia.

El año pasado había 20 SAI en todo Cataluña y este 2018 se han abierto 23 más, mediante convenios entre el Gobierno y los ayuntamientos o los consejos comarcales. El objetivo es llegar el 2020 con un centenar de SAI en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes y todos los consejos comarcales.

Por temáticas, las del ámbito sociocomunitario fueron las incidencias y consultas más habituales, con un 34% del total, seguido del sanitario, 19%, el educativo, con el 16%, el laboral, con un 8% (20-30 anuales), la administración pública, con un 5%, y el familiar, con un 4%.

La Generalitat destinó el año pasado 350.000 euros a contratos y programas con el mundo local en materia LGTBI, que se destinaron, además de los SAI, a formación y sensibilización a 4.300 trabajadores públicos en 151 cursos, diagnosis para conocer la situación del colectivo y plan para implementar la ley 11/2014 o del colectivo y plan para implementar la ley 11/2014 en competencias municipales como enseñanza, salud, seguridad, comunicación, ocio y contratación.

En los últimos tres años, la Generalitat ha otorgado 431 tarjetas sanitarias a personas transexuales con su 'nombre sentido', y ahora quiere trabajar para ampliar esta práctica en los carnés de discapacitado, tarjetas de transporte público o carnés de biblioteca o equipamientos municipales, entre otros.

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, ha hecho un balance positivo del funcionamiento de los SAI, y ha dicho que la intención del departamento es hacer políticas transversales en este ámbito, tanto dentro del departamento, con otros departamentos y con otras administraciones públicas. Además, se quiere llegar al máximo de puntos SAI posibles para que ninguna persona tenga que desplazarse muy lejos de su residencia.

El Homrani y la directora general de Igualdad, Mireia Mata, han explicado que la ley es pionera, pero la red de SAI es única en Europea. Estos puntos sirven para tramitar las cuestiones que afectan el colectivo y derivarlas a la administración correspondiente, así como poner en contacto a los afectados con entidades del sector.

Sobre las posibles sanciones administrativas por infracciones de la ley, Mata ha explicado que son difíciles de aplicar porque el régimen sancionador administrativo es muy restrictivo, y que a menudo se pasan casos al ámbito penal o a la legislación laboral. Pero también ha dicho que donde no pueda llegar la administración, la sociedad se tiene que intentar "blindar" ante actuaciones discriminatorias.

Àngels, una de las administrativas que atiende el SAI del centro de Barcelona, explica que cuando reciben una queja que consideran grave se abre una investigación y se pide información. Si hay indicios de infracción, se abre un expediente administrativo y entonces se decide si se deriva a la jurisdicción penal, como pasa con la mayoría de insultos y agresiones a lesbianas y gays. Sin embargo, cree que la ley aporta mucho más que un régimen sancionador de infracciones, y que también hay que explicar la tarea de formación interna y externa y la sensibilización.

Susanna Villacampa, jurista del área de Igualdad del departamento, admite que muchas denuncias no pueden acabar con sanciones administrativas, porque correspondería al ámbito penal, que tiene prioridad. Si no hay delito, el caso vuelve a la vía administrativa, que sigue abierta, pero que también tiene que tener en cuenta la presunción de inocencia y es la víctima quien tiene que demostrar la discriminación, cosa que no es fácil en muchos casos, y acaba con un archivamiento por falta de pruebas.

Cristina Fernández, vicepresidenta de la asociación de familiar de menores transexuales de Cataluña, Cryssallis, explica que su caso no fue fácil, pero tampoco un "drama". Admite que conocer la entidad la ayudó mucho y ha elogiado el papel de los SAI, porque ayudan a informar y a cubrir las necesidades de cada etapa.