En una respuesta de la Comisaría de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, dirigida por Karmenu Vella, a una pregunta de la eurodiputada asturiana de IU, Ángela Vallina, el departamento señala que son los estados miembros de la Unión Europea los responsables de garantizar la plena aplicación de la legislación comunitaria.
"La Comisión no dispone de pruebas que indiquen cómo constituiría esta infraestructura inoperativa una infracción de la legislación medioambiental de la UE y, por consiguiente, no tiene intención de tomar medidas sobre este asunto en esta fase", zanjan desde Bruselas, añadiendo que su investigación finalizó en 2005, cuando supieron que el proyecto iba a ser abandonado.
Todo lo referente al desmantelamiento de la línea, torres incluidas, corresponde al promotor del proyecto, recuerdan desde el organismo comunitario.
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