El fallo impone al exrepresentante 'popular' 10 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio durante la condena y 20 años de años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Se le absuelve del delito de falsedad en documento oficial y malversación de caudales relativo a la Epsar. Crespo ya ha anunciado su intención de recurrirla.

La resolución incide en que "merece un especial reproche el proceder del acusado (Enrique Crespo), ya que se ha prevalido de una estructura administrativa de empresa pública para alterar y pervertir sus objetivos, disponiendo frívolamente de unos fondos destinados a un servicio público tan esencial e imprescindible como es la depuración de aguas".

"A ello cabe sumar -advierte- que esta forma de actuar constituye un claro exponente de corrupción, que exige una respuesta rigurosa por parte de las instituciones, que contribuya al cumplimiento de los fines de prevención especial y general que está llamada a cumplir toda pena, especialmente cuando se trata de personas que ocupan posicione preeminentes dentro de empresas públicas a cuyos puestos de máxima r3sponsabilidad accedieron por detentar cargos públicos, por lo que precisamente deberían hacer gala de una voluntad de servicio hacia la sociedad, y no a la inversa".

Y subraya: "Es exigible una mayor exigencia de ejemplaridad que ha de pesar sobre quienes no son simples funcionarios, sino autoridades elegidas por los ciudadanos y el perjuicio que con conductas como las presentes ocasionan a la propia imagen y confianza que merece el sistema político".

La Audiencia Provincial de Valencia ha notificado este viernes la sentencia del juicio por la pieza principal del caso Emarsa, que ha sentado en el banquillo a 24 personas acusadas de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.

Los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo, articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.

Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y considera participe a título lucrativo a la exmujer de uno de los principales acusados.