En un comunicado, la concejal de Participa Cristina Honorato ha informado de que este martes por la mañana ha sido consumado el desalojo de tres inmuebles del entorno de Valdezorras, en los que residían unas 15 personas, toda vez que mientras Participa alude a que se trata de unas "casas bajas alquiladas, un centro de rehabilitación de alcohólicos que luego el dueño reformó parcialmente para hacer casas individuales pero sin regularizar su uso como vivienda, por lo que no tenían luz", fuentes del Ayuntamiento consultadas por Europa Press han indicado que alguno de los inmuebles eran "naves o espacios que no reúnen requisitos de habitabilidad" y estas personas carecerían de título sobre los inmuebles en cuestión.

"El dueño de estos terrenos llevó a juicio a las familias cuando éstas habían puesto una reclamación en los juzgados para que él les arreglara las viviendas, ya que no tenían agua ni luz, no hacía reforma alguna de la infraestructura y vivían en condiciones precarias. No se puede permitir que este señor que se ha lucrado con las viviendas estafando a las familias se salga ahora de rositas, cuando ha estado defraudando a Hacienda y a la administración, incumpliendo las normas, y sean sólo las familias las que paguen el pato quedándose en la calle", denuncia la concejala de Participa.

Estos inmuebles, según Honorato, estarían afectados por unas expropiaciones encuadradas en la construcción de los viales de acceso a los terrenos de San Nicolás Oeste, mediando una resolución judicial que autorizaría tales desalojos.

A tal efecto, Honorato denuncia que "el Ayuntamiento no ha previsto soluciones habitacionales permanentes" para estas personas, pese a que "conocía el caso desde hace tiempo". "Estamos ya muy cansadas de repetir y repetir lo mismo en cada desahucio. Es muy frustrante. A estas familias hay que darles una solución habitacional permanente como a cualquier persona de esta ciudad porque es un derecho que tiene las personas a una vivienda digna, no una gracia concedida", dice la concejal.

No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido, según las fuentes consultadas por Europa Press, que una de las familias contaba con un informe social de excepcionalidad en favor de que contase con una vivienda social, pero en el trámite "ocupó una vivienda de manera ilegal". Y aunque se habría activado el protocolo de urgencia habitacional para estas personas, "la familia ha renunciado por escrito".

En el caso de otra familia, según el Ayuntamiento, también se habría activado el protocolo de urgencia habitacional, pero tras no asistir estas personas a la cita fijada por los servicios sociales, habrían acabado alegando que "el recurso ofrecido no es una solución permanente para ellos".