Se trata de la segunda comparecencia ante el juez del exalcalde popular tras la denuncia formulada por la Fiscalía de Almería, consultada por Europa Press, en la que se determina que los hechos investigados muestran indicios de delitos contra la administración pública como prevaricación administrativa, malversación o falsedad documental, si bien estos aspectos deberán depurarse a lo largo de la instrucción.

La Fiscalía, que requirió al juez un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para comprobar los pagos efectuados al respecto del Consistorio, también interesa que se indague sobre si el anterior alcalde popular Pedro Llamas, antecesor de Masegosa y que también fue condenado a inhabilitación, podría haber "intervenido" en estas actuaciones pese a su "cese como mandatario municipal", para lo que hasta el momento ha declarado únicamente como testigo.

Según constan en la denuncia del fiscal, la investigación trata de esclarecer presuntos pagos por obras y servicios efectuados sin que el interventor municipal hubiera tenido constancia de la realización de los trabajos o, al menos, de un informe técnico que determinara su ejecución.

Asimismo, las pesquisan determinarán si el exalcalde, que abandonó su cargo de edil en la oposición tras ser inhabilitado durante ocho años y seis meses por prevaricación urbanística, abonó nóminas o retribuciones similares sin que el beneficiario estuviera contratado por el Ayuntamiento de forma "correcta" y si se dio la posibilidad de que los contratos relativos a una misma obra o servicio fueran "fraccionados" para "evitar la tramitación de un solo expediente de contratación".

Los informes periciales elaborados por la Guardia Civil que obran en el sumario desde junio del pasado año concluyen que el exregidor "en su posición de poder" habría utilizado su puesto como alcalde para "imponer arbitrariamente su autoridad en contra de la apreciación jurídico-legal de los funcionarios del Ayuntamiento" y "en contra" de los informes del interventor.

En esta línea, el documento señala que Masegosa habría realizado un "injustificado ejercicio de abuso de poder, probablemente heredado de su antecesor en el cargo" al "desoír" los reparos de los que le avisaba el interventor a la hora de autorizar gastos y pagos, de acuerdo con la investigación policial.

PAGOS CON CHEQUES

Según la denuncia de origen, impulsada ante la Fiscalía por el Ayuntamiento de Cantoria, deja constancia de los informes del interventor en los que mostraba su "discrepancia" con los métodos de pago ordenados por el regidor, que entre otros, solicitó que se le diera acceso a un talonario de cheques y pagarés para hacer frente a una serie de facturas, ya que dicho talonario había estado siempre en poder del propio interventor máxime cuando era quien se encargaba de la fiscalización de los pagos.

El interventor también emitió advertencias sobre la improcedencia de realizar ciertos pagos a través de cheques que, según avisó, "podrían estar extendiéndose los mismos por el anterior alcalde, persona inhabilitada por sentencia firme".

Asimismo, manifestó posibles irregularidades en pagos a determinadas mercantiles que podría haber fraccionando los importes por trabajos no fiscalizados desde el Consistorio, pese a lo que, se siguió la tramitación, según la denuncia.

La investigación seguida por la Policía Judicial concluye que se habría "obviado" la función de dos órganos estructurales "imprescindibles" en el Ayuntamiento para el control de la legalidad y de los criterios jurídicos, toda vez que se ha apreciado una actividad "continuada" del exprimer edil consistente en la toma de decisiones y resoluciones administrativas "totalmente arbitrarias", lo que podría haber conducido a la comisión de los delitos.