Es la respuesta judicial a la denuncia interpuesta en abril de 2017 por una mujer de nacionalidad paraguaya que declaró ante la Guardia Civil de Baeza (Jaén) estar siendo obligada a ejercer la prostitución para saldar la deuda con otra mujer que le facilitó el dinero para entrar ilegalmente en España. La acusada admitió en el juicio celebrado el 5 de junio que le prestó dinero para entrar en España, pero rechazó haberla obligado a prostituirse y así ha quedado recogido en la sentencia.

El tribunal establece que I.C.A. cuando envió el dinero a la denunciante lo hizo con ánimo de lucro, "pues desde luego no cabe pensar que la acusada actuara con una motivación altruista, sino que pretendía obtener un beneficio económico, enviando dinero para el viaje y luego a cambio exigir más cantidad una vez que la víctima ya estaba en España".

Pese a ello, el tribunal considera en la sentencia a la que ha accedido Europa Press que "no ha quedado acreditada la comisión por parte de la acusada del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual", de ahí la absolución por un delito por el que la acusación particular le reclamaba ocho años de prisión y una indemnización de 60.000 euros.

Los hechos probados recogen que I.C.A. contactó con la denunciante por las redes sociales y que le transfirió 2.500 euros en tres entregas para que entrara en España como turista y luego pudiera quedarse a trabajar. En este sentido, declaró que desconocía que dejar dinero para que entrara en España era ilegal y aseguró que la denunciante ejercía la prostitución en Paraguay y que "sabía" a lo que venía.

I.C.A., camarera y encargada de un club de alterne en Rus (Jaén), se llevó a la denunciante a su casa y ésta comenzó a trabajar desde el primer día en dicho negocio para saldar su deuda, aunque según mantuvo la acusada la deuda nunca se le incrementó hasta los 5.000 euros como sostenía la denunciante.

La denunciante ha señalado en su declaración que llegó a España con la promesa de trabajar cuidando a una anciana y que cuando llegó la acusada le quitó el pasaporte y sus pertenencias, además de pasar a reclamarle el pago de 5.000 euros y no de los 2.500 que le había enviado a Paraguay. De hecho, la denunciante ha declarado que la acusada pretendía cobrarle 550 euros por haberla traído en taxi desde el aeropuerto de Málaga hasta Rus.

Los hechos ya sentenciados se remontan a febrero de 2017 cuando la acusada contactó con una ciudadana paraguaya a la que envió 2.500 euros para que pudiera viajar a España y trabajar en suelo español.

De esta forma, la mujer paraguaya entró con apariencia de turista a través del aeropuerto de Málaga donde la esperaban en un vehículo particular que la trasladó hasta el municipio jiennense de Rus. Cuando llegó a Rus, según recogen los hechos probados, I.C.A. le retuvo "su pasaporte y sus enseres personales mientras ésta no le abonase la cantidad de 5.000 euros en metálico".

Un total de 22 días es lo que tardó la denunciante en acudir a la Guardia Civil y denunciar lo que le estaba ocurriendo. Finalmente, la acusada entregó el pasaporte y las pertenencias de la denunciante a la Guardia Civil tras conocer que la había denunciado.