En este sentido, fuentes de la corporación han señalado a Europa Press que Peinado ha mantenido este lunes una conversación con la presidenta, Irene García, de resultas de la cual la vicepresidenta le ha expresado su intención de dimitir, lo cual García ha aceptado.

La actual vicepresidenta mantiene su inocencia y anuncia que presentará recurso a la Audiencia Provincial porque entiende que su gestión de gobierno no ha vulnerado ningún precepto penal.

"Tengo confianza de que este caso finalmente reflejará la verdad de lo sucedido durante esa etapa y por ello estoy determinada a recurrir la sentencia y agotar las vías de defensa que nos permite el sistema judicial. Renuncio a mi cargo de vicepresidenta y a mis responsabilidades de gobierno en la Diputación de Cádiz en aras de la estabilidad de la institución y como muestra de mi compromiso a la gestión que venimos realizando", asegura en una nota Peinado.

La sentencia conocida este lunes reconoce la utilización política de la denuncia por parte de los denunciantes. "Yo entiendo que no existe la comisión de ningún tipo de delito en lo descrito por la sentencia; de hecho, tanto en gobiernos municipales anteriores al mío como en el actual existe multitud de ejemplos que con la misma vara de medir podrían suponer hechos delictivos incluso de enjundia superior a la reflejada en mi caso", asegura Peinado.

Continúa significando que "el artículo 23 de la Constitución legitima un derecho de información tendente a fiscalizar, más no a un uso político de la petición de información con el propósito únicamente a generar un rédito político y no a controlar la gestión municipal del equipo de Gobierno".

Dicho uso político, a su juicio, queda reconocido en el texto de la propia sentencia y queda además reduplicado por el hecho de que alguna de la información solicitada por los denunciantes se refiere a mandatos anteriores, así como que una vez se accedió al poder por el actual gobierno ni se preocupó en verificar dicha información a su alcance.

"Es más, la sentencia, además de exculpar gran parte de los supuestos denunciados respecto de los que basa su condena, son supuestos que se contestaron, sin que producida la contestación ulteriormente se ejercitara ningún tipo de acción legal por los denunciantes, siendo ello prueba inequívoca de que no se ocultaba ningún tipo de irregularidad", finaliza Maribel Peinado.