La decisión afecta directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, cuya concesión vence el próximo 30 de noviembre, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.
Ábalos anuncia además que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año.
El ministro de Fomento señala que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, el ministro asegura que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público respecto a las facilitadas por el Ejecutivo del PP.
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