El fallo, pronunciado 'in voce' en una audiencia previa al inicio de un juicio de tribunal con jurado previsto en la Sección Tercera, se ha producido después de que los acusados hayan llegado a acuerdos con la Fiscalía Provincial de Almería con los que se les ha rebajado sustancialmente la pena inicial que oscilaba entre los cuatro y seis años de prisión para varios de ellos y contemplaba prolongadas inhabilitaciones para cargos y empleos públicos.

En este sentido, se ha tenido en cuenta que durante la tramitación de la causa se han producido unos retrasos y dilaciones ajenos a la voluntad de los acusados y que exceden de la complejidad del mismo, ya que los hechos se remontan a hace casi diez años, lo que ha conllevado finalmente a ciertas variaciones, según la sentencia consultada por Europa Press.

Con esto, el principal acusado que participaba de ambas tramas J.M.A.G. ha sido condenado por un delito continuado de cohecho con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones a siete meses y 15 días de prisión y al pago de una multa de 6.000 euros, mientras que por un delito continuado de falsificación de certificados con la misma atenuante se le ha puesto una pena de dos meses de multa a diez euros diarios.

EXPEDICIÓN DE CITAS

Se ha declarado probado que entre agosto de 2008 y marzo de 2009, el acusado J.M.A.G. colaboraba en la Asesoría R&M junto a sus administradoras R.F.V. y M.F.D., quienes conjuntamente se dedicaban a pagar cantidades de dinero a tres funcionarios de la Oficina de Extranjería de Almería "con la finalidad de que les diesen las citas denominadas 'W' para los ciudadanos extranjeros a los que se les expedía la tarjeta de residencia una vez concedida la autorización, siendo citas dadas para muy pocos días"

De esta forma y a cambio de las contraprestaciones, conseguían la tarjeta de residencia sin cita y la expedición de los Certificados de Registro Comunitario sin la presencia del interesado, sin cita y sin certificado de empadronamiento, cuando son requisitos indispensables en este trámite.

Con todas estas agilizaciones, los asesores cobraban a los ciudadanos extranjeros cantidades superiores a las normales, entre 100 y 200 euros a cada uno, de manera que con parte de este dinero se pagaba a los funcionarios, en concreto, al subinspector P.L.G. y a los policías nacionales A.C.H. y M.G.R.

En todas estas gestiones intervenía el hijo del subinspector, el acusado F.D.L.P., quien en numerosas ocasiones y de acuerdo con los acusados ya mencionados, era la persona encargada de entregar y recibir la documentación de los ciudadanos extranjeros, los números de las citas para obtener las tarjetas de residencia, y de "colar" a los extranjeros para conseguir dichas tarjetas así como para recibir el dinero de los asesores.

Los acusados, para la expedición de Certificados de Registro Comunitario de manera irregular, contaban con la colaboración además del funcionario de la Oficina de Extranjería J.V.C.C., quien agilizaba la tramitación de los expedientes que M.G.R. iba colocando en su mesa de trabajo, recibiendo de éste parte del dinero que pagaba la asesoría.

Según las cuentas de la asesoría intervenidas en la investigación, se llegaron a ingresar distintas cantidades de dinero para acometer el fraude. Así, en enero de 2009 se ingresó 2.140 euros, de los cuales 1.050 euros fueron destinados a los funcionarios identificados, mientras que al mes siguiente fueron 1.750 euros, de los que igualmente 1.050 euros se pagaron a dichos funcionarios.

Solo para la expedición de Certificados de Registro Comunitario, la Asesoría ingresó de los extranjeros, entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, la cantidad de 2.860 euros, parte de la cual fue destinada a los funcionarios. No obstante, las cantidades indicadas fueron las mínimas que recibieron los acusados, puesto que en los libros de la contabilidad había hojas arrancadas.

Los implicados, salvo J.V.C.C., han aceptado una pena de siete meses y 15 días de prisión por un delito de cohecho continuado con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas así como una pena de multa de 6.000 euros. A los policías condenados se les impone además un año, diez meses y 15 días de inhabilitación para cargo o empleo público. En el caso de J.V.C.C., por el mismo delito se le imponen dos meses de multa.

DEUDAS CON HACIENDA

La sentencia también da por probado que J.M.A.G. se dedicaba a otras actividades junto a su primo, J.M.M.G. y a J.A.C.L., con quienes captaba a particulares y a empresas que tenían deudas con la Agencia Tributaria para obtener certificados de estar al corriente en las obligaciones tributaria, a cambio de cantidades de unos 300 euros por certificado.

Para ello, contaban con la colaboración de J.M.C.P., funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la Delegación de El Ejido, con categoría de ordenanza, que se aprovechó de que, en el desempeño de su trabajo, podía acceder al material necesario para elaborar los certificados que no se ajustaban a la realidad. Por su participación, ha sido condenado a once meses de inhabilitación para cargo y empleo público ante un delito de falsificación de certificados.

A través de este método y de su acción, por la que recibía dinero de sus colaboradores, actuó para emitir certificados a favor del inspector jefe del cuerpo de Policía Nacional F.R.R., que tenían una deuda de 10.000 euros con Hacienda, y de J.M.G., que era administrador de dos empresas. Al respecto, la Fiscalía retiró la acusación contra los empresarios L.R.C. y P.M.L. a los que inicialmente se les pedía seis años de prisión pero cuya participación no ha quedado suficientemente acreditada.

En este caso, los captadores de empresarios han sido condenados a dos meses de multa a diez euros diarios por un delito continuado de falsificación de certificados, mientras que aquellos que pretendieron beneficiarse de los certificados deberán hacer frente a una multa de un mes bajo el mismo importe y por un delito similar.