El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar en calidad de investigado al alcalde de la capital, Joan Ribó, tras recibir una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

El primer edil declarará el día 25 de junio como investigado por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa está abierta por supuestos delitos de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y prevaricación administrativa (artículo 404).

La investigación arranca con la denuncia interpuesta por un asesor del grupo popular en el consistorio contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017.

La declaración del alcalde, que tendrá que declarar como investigado el día 25 de junio, es la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito, según el TSJCV.

Según fuentes del equipo de Ribó, la denuncia obedece a un tema administrativo que ya está resuelto, en concreto, el 9 de marzo de 2017 cuando se dio acceso al grupo municipal 'popular' a la información que reclamaba, tres meses antes de que el asesor llevara el asunto al juzgado. Las mismas fuentes subrayan que no se trata de un caso de corrupción y no creen que sea "una casualidad" que se haya conocido la investigación al primer edil el mismo día en que se ha hecho pública la nueva sentencia del caso Gürtel.

Esa encuesta llevada a cabo sobre el mundo fallero generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición hacia el equipo de Gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella.

El pasado mes de marzo, el grupo popular ya denunció ante los medios que Ribó utilizaba recursos públicos para recurrir el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción muy grave al encuestar a los falleros sin autorización sobre su ideología política, sentimiento nacional o creencias religiosas.

Ribó "mentía deliberadamente cuando negaba a los concejales del grupo popular el acceso a la información", que llevan reclamando desde 2017, "arguyendo que no se trataba de un expediente municipal", según dijo entonces el portavoz del grupo municipal, Eusebio Monzó.

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el pasado 1 de agosto y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València entre mayo y junio de 2017 y cuyo coste no pudo concretar en la rueda de prensa de presentación el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, también de Compromís.

Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran "absolutamente razonables" y que la polémica se trataba de "una tormenta en un vaso de agua".