García Navarro ha denunciado junto al responsable sectorial de servicios sociales de CCOO, José Mª López Guillen, y el concejal de Ahora Murcia, Miguel Ángel Alzamora, la situación de desmantelamiento de la cobertura social en los centros residenciales para mayores en la Región, concretamente las gestionadas por la empresa CASER, "empresa que ha modificado de forma opaca las condiciones para la residencia en apartamentos tutelados".

La diputada ha recordado que la Consejería de Familia no cuenta con un Plan de Atención a los Mayores, "de hecho, el último Plan caducó en año 2007, y once años después seguimos sin tener una línea política para la atención a los mayores". Dentro de las medidas que contempla la propia Ley

de servicios sociales, para atender las necesidades de los mayores, "nos encontramos con recursos, como las residencias, centros de día y los apartamentos tutelados".

Y es precisamente en los apartamentos tutelados donde Podemos ha encontrado "enormes deficiencias" en la gestión, que según ha denunciado la parlamentaria, "los apartamentos tutelados por la empresa CASER, concretamente los correspondientes al municipio de Murcia, ha comunicado a sus usuarios que modificará las condiciones de uso de estos apartamentos, y pasaran a ser de uso residencial".

Así, ha denunciado que "los mayores que optaron por estos apartamentos tutelados para residir, siendo un derecho social reconocido, ya no podrán seguir viviendo en ellos, por el importante incremento de la cuantía económica que les supone y que muchos no podrán asumir. Un apartamento tutelado ronda actualmente los 900 euros y con el nuevo cambio a plaza residencial pasaría a costar unos 1.800 euros".

Por este motivo, Mª Ángeles García Navarro ha pedido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que informe de qué medidas ha adoptado la Administración regional para proteger los derechos de los usuarios de los apartamentos tutelados para personas mayores situados en el Centro CASER Residencial Santo Ángel de Murcia, y por qué se les ha ofrecido como única alternativa una plaza de servicio residencial "con un considerable aumento del precio del servicio".

El responsable sectorial de servicios sociales de CCOO, José Mª López Guillen, ha exigido, asimismo, al Ejecutivo regional que tenga en cuenta los derechos laborales y le recuerda que está en la obligación de controlar y revisar los conciertos; mientras el concejal de Ahora Murcia, Miguel Ángel Alzamora, ha denunciado el "desmantelamiento de todo lo social" en el Ayuntamiento, la privatización de muchas áreas y de que "se siga sin aumentar el presupuesto para servicios sociales" tras la crisis.