Bomberos que sacaron plaza en las oposiciones en la Diputación de Valladolid niegan haber recibido las preguntas

  • VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)
Palacio De Pimentel, Sede De La Diputación Provincial
Palacio De Pimentel, Sede De La Diputación Provincial
EUROPA PRESS - Archivo

Los cuatro bomberos que accedieron a una plaza en la oposición celebrada el 2 de octubre de 2016 en la Diputación de Valladolid han comparecido este jueves, en calidad de investigados, ante el Juzgado de Instrucción número 1, donde han negado haber tenido acceso previo a las preguntas del examen, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Aunque estaba previsto el interrogatorio de un total de once bomberos, todos ellos como investigados por presunta prevaricación administrativa, finalmente tan sólo han prestado testimonio cuatro que pasaron la prueba y accedieron a una plaza, algo que, según han coincidido todos ellos, lograron de forma totalmente lícita-se les acusa de haber contado con las preguntas del examen-, mientras que otros seis se han acogido a su derecho de no declarar y uno ni siquiera ha comparecido tras alegar enfermedad.

Junto a estas once personas investigadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ya tomó declaración por estos hechos, en idéntica condición en noviembre del pasado año, al jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Juan Carlos A.C; Javier T.F, el opositor que sacó un 9 y supuesto beneficiado de la filtración, así como a Félix A.P, jefe del Parque de Tordesillas; Miguel Ángel P. y José Luis G, jefes de los parques de Peñafiel y Medina de Rioseco, respectivamente.

La citación de entonces y la nueva se enmarcan en las pesquisas abiertas a petición de la Fiscalía de Valladolid a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 que desestimó el 27 de julio de 2017 el recurso presentado por algunos de los aspirantes a la prueba que denunciaron filtraciones, con la particularidad de que éstos han sido recientemente incluidos por el instructor como investigados en las diligencias.

Aunque el juzgador no estimó las pretensiones de los recurrentes, sí observó la existencia de una serie de irregularidades en la celebración de la prueba, dado que algunos de los opositores reconocieron haber tenido acceso a las preguntas y que algunos funcionarios de la Diputación de Valladolid, entre ellos algunos jefes de parques de bomberos, podrían ser los responsables de la filtración.

Ante ello, el juez dio traslado de lo actuado a la Fiscalía de Valladolid por si los hechos fueron constitutivos de infracción penal, con lo que la acusación pública acordó la apertura de una investigación recaída en el Juzgado de Instrucción 1, que ahora amplía la lista de investigados hasta los dieciséis.

GRABACIONES Y VÍDEOS

Los recurrentes aportaron en su día al Juzgado de lo Contencioso Administrativo pruebas en forma de grabaciones, vídeos y otros documentos, convenientemente peritados, con los que esperaban demostrar las irregularidades cometidas y el trato de favor recibido en la primera prueba por algunos de los concursantes por parte de varios integrantes del tribunal.

La presentación de los recursos de alzada por parte de quienes se sentían perjudicados, de los cerca de 600 presentados a la prueba, partía de la primera criba realizada entre los más de treinta aprobados tras constatar, según denunciaban, que la totalidad o parte del cuestionario, formado por cincuenta preguntas, había sido filtrado entre algunos de los aspirantes.

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