La unión de empresas ha avanzado a sus trabajadores que tiene previsto presentar en breve un Expediente de Regulación de Empleo después de que la Diputación de Valencia adjudicara hace un mes, el pasado 7 de mayo, el contrato de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la corporación provincial a la UTE Fomento de Construcciones y Contratas SA - Montajes Eléctricos SL.

La decisión, según la UTE, se debe a la existencia de "una diferencia de 2.000 euros anuales" entre la oferta ganadora, FCC-Esber y la segunda, la suya. En consecuencia, Vareser-Monrabal se extinguirá próximamente, tras 17 años prestando este servicio de mantenimiento.

La previsión de la unión de empresas es que el ERE afectará a 26 trabajadores. Paralelamente, mientras se formaliza, negociará el recurso especial en materia de contratación que ha presentado alTribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al entender que la resolución no se ajusta a derecho.

En concreto, el recurso alega que la puntuación de la apertura de la licitación refleja un empate en las puntuaciones de las mejoras de los criterios sometidos a fórmulas matemáticas y en los criterios no evaluables mediante fórmulas, mientras que "la diferencia en la puntuación entre las dos empresas se reduce a 23 milésimas", que sonlas correspondientes a la puntuación obtenida en la oferta económica.

Es decir, según la UTE, "2.000 euros de diferencia entre la oferta ganadora y la segunda están detrás del desenlace final que obliga a tomar medidas drásticas en materia de empleo, como el ERE, y hará que el servicio de mantenimiento pierda la experiencia acreditada de los 26 trabajadores que venían prestando el servicio desde 2001".

Desde Vareser-Monrabal advierten además que este procedimiento, "en contra de lo que viene siendo habitual en los concursos y contratos de las administraciones públicas", no ha contemplado la subrogación de los trabajadores.

Esto supone, aparte de que la UTE que hasta ahora venía gestionando el servicio no ha participado en las mismas condiciones, "una pérdida de calidad en el servicio y un retroceso en los derechos laborales de las 26 personas que se verán afectadas por el ERE".

OFERTAS CONFIDENCIALES

La agrupación de empresas ha asegurado que no ha podido acceder a poder ver el resto de las ofertas de las empresas licitadoras. A su juicio, "la decisión de la Diputación de declararlas confidenciales en su mayor parte vulnera el principio de transparencia que debe presidir cualquier concurso público".

Por todo ello, el recurso especial pide la anulación de la resolución y que se determine si los métodos de valoración aplicados por la Diputación, en la parte no económica del concurso, son correctos. En caso de que no lo fueran, insta a que vuelva a valorar las ofertas, así como que se desclasifique como confidencial estos criterios evaluables mediante juicio de valor.