Fuentes de la coalición de izquierdas han indicado a Europa Press que se le ha solicitado a Ocaña que diese "cumplimiento al código ético del partido" y que el regidor ha solicitado su baja de militancia. No han precisado, no obstante, si Ocaña va a entregar su acta de concejal y renunciar a la Alcaldía y han señalado que se trata de una "decisión personal" que deberá tomar "junto a sus compañeros" en la corporación local y en la asamblea local.

Con el actual regidor se sentará en el banquillo quien ostentaba el cargo de primer edil, Fernando Utrilla, ya que, presuntamente, estas retribuciones "mensuales" se hicieron "sin" que fueran sometidas a "procedimiento alguno y sin contar con la aprobación del pleno".

El auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Instrucción 1 de Berja, consultado por Europa Press, recoge que Ocaña y Utrilla se enfrentan a delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos si bien la acusación particular también atribuye al actual regidor la supuesta comisión de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El Ministerio Público interesa para alcalde y exalcalde las penas de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y de tres años de prisión y otros diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de los delitos, respectivamente.

Las defensas de Ocaña y Utrilla interpusieron contra el auto de 21 de febrero del juez instructor, Urko Liendo, recurso para pedir la nulidad de actuaciones, si bien esta fue rechazada en mayo por el mismo juzgado.

El procedimiento se inició a raíz de la querella que interpuso el grupo municipal del PSOE, que interesa para Antonio Ocaña, al margen de las mismas penas que la Fiscalía por presunta prevaricación y malversación, dos años de cárcel y 24 meses de multa a razón de diez euros al día por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

A Fernando Utrilla le pide dos años de cárcel por supuesta malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación.