El delegado territorial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, Antonio Martínez, ha explicado a Europa Press que la Junta trata de "cumplir con la legalidad" y "respetar la ley y los procesos para la adjudicación de una vivienda" de tipo social, ya que con su uso "irregular" los "más perjudicados son los que siguen el procedimiento y están en una lista de espera".

"La Administración no puede mirar para otro lado, y quien ocupa una vivienda de manera ilegal y sin título tiene que dejarlo", ha indicado Martínez, quien ha detallado que se han producido varias reuniones con los afectados, la asociación de vecinos y su representante legal para ofrecerles ante la primera notificación de desalojo una "solución alternativa en el mercado privado de vivienda" con un "precio acorde" a su situación, pero que "rechazaron".

Martínez, quien ha precisado que se interpuso una denuncia después de que la familia volviera a ocupar la vivienda en el mes de diciembre, ha incidido en que la familia no está inscrita en el registro de demandantes de vivienda y ni en algún listado que les permitan seguir los cauces para la consecución de una vivienda social, por lo que dejar que permanezcan en la casa sería "lanzar un mensaje poco comprensible a las personas que siguen los cauces establecidos".

Así, ha incidido en que es el Ayuntamiento de Almería, a través de su área de servicios sociales, el que tiene que "determinar si están en situación de vulnerabilidad", puesto que se precisa "una serie de informes" para incluir a los afectados, si procede, en un proceso de adjudicación de vivienda pública.

VÍCTIMAS DE UNA "ESTAFA"

Por su parte, la plataforma que apoya a la familia afectada ha asegurado que esta ha sido "víctima" de una "estafa ajena" a la Junta de Andalucía, por lo que han planteado ante la Administración andaluz y ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Almería su "disponibilidad absoluta" de cara a "regularizar su situación en la vivienda y hacer frente a todos los pagos del alquiler social correspondientes".

La asociación, en un comunicado, ha criticado el desalojo promovido por la Junta, que "a su vez impulsa medidas anti-desahucios en época de campaña" pero que "desahucia a familias con más dureza y más ensañamiento que los propios bancos, dejando en la calle a menores sin ofrecer ninguna alternativa habitacional", según han considerado.

Con esto, han afirmado que desde que la Junta informó a la familia de que debían desalojar la vivienda "todo empezó a ser una tortura" puesto que "perdieron todos sus ahorros conseguidos a través del trabajo precario en invernaderos" y aún "continúan devolviendo parte de ese dinero que les prestaron familiares y amigos". Asimismo, han destacado la "multitud de iniciativas con el apoyo de todo el vecindario" que se han efectuado "con el fin de que la Junta recapacite y plantee una alternativa viable".

Para la entidad, la Junta "hace caso omiso" de las recomendaciones y órdenes de órganos superiores que, según han especificado, antepondrían la protección de los menores -en este caso de dos y siete años- al desalojo de una vivienda, por lo que creen que el juez "tiene que asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores".

Los vecinos de El Puche han asegurado que "no se van a quedar parados" porque "están cansados de que nos hablen de legalidad cuando la Junta es la primera que se salta la Ley del Menor, la Constitución y en definitiva, los derechos de las personas obrera y pobres, las que nos encontramos en una situación difícil".