Vecinos de El Puche critican el desalojo de una familia que compró una vivienda protegida "en el mercado negro"

  • Decenas de vecinos del barrio almeriense de El Puche se han concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia ante el juicio en el que la Junta de Andalucía interesa el desalojo de una familia con dos hijos menores que ocupa una vivienda social y que, según la Administración autonómica, habría comprado "en el mercado negro", por lo que no tiene títulos acreditativos, de forma que tras la vista el Ministerio Fiscal ha interesado la restitución del bien a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Ciudad de la Justicia de Almería
Ciudad de la Justicia de Almería
EUROPA PRESS - Archivo

El delegado territorial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, Antonio Martínez, ha explicado a Europa Press que la Junta trata de "cumplir con la legalidad" y "respetar la ley y los procesos para la adjudicación de una vivienda" de tipo social, ya que con su uso "irregular" los "más perjudicados son los que siguen el procedimiento y están en una lista de espera".

"La Administración no puede mirar para otro lado, y quien ocupa una vivienda de manera ilegal y sin título tiene que dejarlo", ha indicado Martínez, quien ha detallado que se han producido varias reuniones con los afectados, la asociación de vecinos y su representante legal para ofrecerles ante la primera notificación de desalojo una "solución alternativa en el mercado privado de vivienda" con un "precio acorde" a su situación, pero que "rechazaron".

Martínez, quien ha precisado que se interpuso una denuncia después de que la familia volviera a ocupar la vivienda en el mes de diciembre, ha incidido en que la familia no está inscrita en el registro de demandantes de vivienda y ni en algún listado que les permitan seguir los cauces para la consecución de una vivienda social, por lo que dejar que permanezcan en la casa sería "lanzar un mensaje poco comprensible a las personas que siguen los cauces establecidos".

Así, ha incidido en que es el Ayuntamiento de Almería, a través de su área de servicios sociales, el que tiene que "determinar si están en situación de vulnerabilidad", puesto que se precisa "una serie de informes" para incluir a los afectados, si procede, en un proceso de adjudicación de vivienda pública.

VÍCTIMAS DE UNA "ESTAFA"

Por su parte, la plataforma que apoya a la familia afectada ha asegurado que esta ha sido "víctima" de una "estafa ajena" a la Junta de Andalucía, por lo que han planteado ante la Administración andaluz y ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Almería su "disponibilidad absoluta" de cara a "regularizar su situación en la vivienda y hacer frente a todos los pagos del alquiler social correspondientes".

La asociación, en un comunicado, ha criticado el desalojo promovido por la Junta, que "a su vez impulsa medidas anti-desahucios en época de campaña" pero que "desahucia a familias con más dureza y más ensañamiento que los propios bancos, dejando en la calle a menores sin ofrecer ninguna alternativa habitacional", según han considerado.

Con esto, han afirmado que desde que la Junta informó a la familia de que debían desalojar la vivienda "todo empezó a ser una tortura" puesto que "perdieron todos sus ahorros conseguidos a través del trabajo precario en invernaderos" y aún "continúan devolviendo parte de ese dinero que les prestaron familiares y amigos". Asimismo, han destacado la "multitud de iniciativas con el apoyo de todo el vecindario" que se han efectuado "con el fin de que la Junta recapacite y plantee una alternativa viable".

Para la entidad, la Junta "hace caso omiso" de las recomendaciones y órdenes de órganos superiores que, según han especificado, antepondrían la protección de los menores -en este caso de dos y siete años- al desalojo de una vivienda, por lo que creen que el juez "tiene que asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores".

Los vecinos de El Puche han asegurado que "no se van a quedar parados" porque "están cansados de que nos hablen de legalidad cuando la Junta es la primera que se salta la Ley del Menor, la Constitución y en definitiva, los derechos de las personas obrera y pobres, las que nos encontramos en una situación difícil".

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