Según un comunicado, los grupos sindicales exigen un "incremento lineal para todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), que sitúe el salario mínimo en 1.200 euros, y la homologación inmediata de las retribuciones del personal laboral con respecto a las retribuciones mínimas de los grupos de personal funcionario".
De cara a los nuevos presupuestos, también solicitan que se incluya "una partida presupuestaria para abordar el problema de desigualdad salarial".
Finalmente, los sindicatos han manifestado que "la defensa de los derechos de los empleados públicos es una prioridad en la acción sindical, no sólo por el derecho que les asiste como trabajadores, sino también por la necesidad de reforzar los servicios públicos".
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