Juzgado de cláusulas suelo
Juzgado de cláusulas suelo EUROPA PRESS

De ese número 992 han sido de junio a diciembre de 2017 y 2.404 en lo que va de 2018. Además, se han registrado 5.993 demandas, 3.241 y 2.752 respectivamente en los mismos periodos.

El juzgado ha notificado asimismo desde su creación 449 autos y 1.139 decretos. El porcentaje de sentencias favorables al consumidor, oscila entre el 98,92% en las dictadas en 2017 al 94,19% en las comunicadas en el año en curso.

En las demandas mayoritariamente se reclaman tanto la cláusula suelo como los gastos y, en menor medida, las multidivisas y el IRPH. El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular, Antonio Lorenzo, como para la juez de adscripción territorial, Marta Navas, que desde el 19 de junio de 2017 presta servicios de refuerzo en el Juzgado.

PREMIO

Con este planteamiento cada mes se cierra con la celebración de unas 200 audiencias previas. Con este plan de señalamientos, si entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2017 el porcentaje de resolución de asuntos alcanzó más del 30% de los ingresados, en los cinco primeros meses de 2018 el porcentaje de asuntos resueltos alcanzó el 87,35% de los ingresados.

La eficacia con la que este Juzgado está tramitando y finalizando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa es lo que el CGPJ ha valorado para que sea merecedor del Premio Calidad de la Justicia 2018 que fue anunciado este miércoles.

El 1 de junio de 2017 se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

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