Así lo anunciado este jueves la defensora de la ciudadanía, Anna Moilanen, durante la presentación de la Memoria de 2017 en el Ayuntamiento de Palma.

Moilanen ha asegurado que si 2016 fue un año de "resurgimiento", el año 2017 fue "de consolidación y expansión" y ha resaltado el incremento en el número de expedientes y del volumen de trabajo.

Respecto a los casos atendidos, la defensora ha expuesto que la tipología de problemas sigue siendo el mismo y ha instado a que los derechos de la ciudadanía "sean garantizados no solo de forma teórica sino también de forma eficiente y práctica".

Principalmente, se han abierto expedientes por motivos relacionados con licencia de obras, urbanismo, Emaya y Seguridad Ciudadana. "El ciudadano necesita ver que su problema se resuelve, no estar eternamente en trámite", ha añadido.

Además, Moilanen ha resaltado el "grave problema" con el seguimiento y cumplimiento de las diversas ordenanzas municipales en vigor. En este sentido, ha asegurado que "falta capacidad de poder perseguir al infractor para que no se generen situaciones de agravio con el resto de la ciudadanía".