Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, cuyo secretario autonómico y responsable, Francesc Colomer, se ha dirigido a la Abogacía para formular esta consulta, después de la petición de los dos condenados que han solicitado mantener sus puestos de trabajo y del reciente escrito que le dirigieron compañeros de los trabajadores donde mostraban su solidaridad con ellos y reclamaban que les mantuvieran en su puesto de trabajo y se les permitiera una excedencia.
En esta pieza, la de Fitur, se condenó a once acusados de amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana dirigida por Milagrosa Martínez y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.
Los condenados, además de los cabecillas de la trama y empleados de las empresas de la red de Francisco Correa fueron, n en la parte valenciana, junto con Martínez (que cumplirá nueve años de prisión), el que fuera su jefe de Gabinete, Rafael Betoret (seis años), y tres trabajadores de Turisme: Isaac Vidal (siete años de prisión), que fue jefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT; Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la entidad (cuatro años) y Ana Grau, excoordinadora de Ferias (tres años).
Además de la prisión, Guarro fue condenado a cinco años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa y 10 de inhabilitación absoluta por malversación y Grau a dos años de inhabilitación especial por falsedad cuatro años y tres meses por prevaricación administrativa.
Según fuentes de este departamento, el objetivo es que la Abogacía aclare a qué afecta esta inhabilitación; el procedimiento a seguir con los puestos de ambos condenados y las posibilidades, en su caso, de sustitución.
Trabajadores de la AVT elevaron a Colomer un documento avalado por casi un centenar de firmas en el que expresaron su apoyo a los "compañeros" condenados y donde pidieron que se suspendan las relaciones laborales de los condenados para que una vez cumplidas las penas, condenadas o revisadas puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo.
"Con el respeto a las decisiones judiciales, manifestamos nuestra discrepancia con los pronunciamientos y, a nuestro juicio, con las desorbitadas penas impuestas a todos nuestros compañeros", indicaban, transmitiéndoles por tanto su "total apoyo".
El apoyo era "más intenso" hacia Grau y Guarro "que ostentaban una menor responsabilidad y categoría profesional" y subrayaban que su apoyo "no nace del cooperativismo, sino del convencimiento de su inocencia y de que han sufrido las consecuencias de un contexto laboral perverso, así como de haber estado expuestos a un clima de opinión social adverso".
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