El Partido Popular y Podemos han afirmado hoy que tras el cese del director gerente del Servicio Cántabro de Salud y el subdirector de Gestión Económica, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, debe dimitir por su actuación tras las denuncias por supuestas irregularidades en contratos del SCS -que el PP e IU han llevado a la Fiscalía-, y han reclamado que si no da un paso atrás, que sea el presidente, Miguel Angel Revilla, quien la cese.

Por su parte, Ciudadanos ha señalado que las dimisiones de los dos altos cargos reafirman la necesidad de activar la comisión de investigación solicitada por este partido para "conocer la verdad" sobre los contratos del SCS. Mientras tanto, el PRC ha defendido que "lo adecuado" es esperar al resultado del expediente informativo que este jueves va al Consejo de Gobierno.

La presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que las dimisiones del gerente, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión del SCS, Francisco Javier González, "eran la crónica de una muerte anunciada" pero ha recalcado que "no es suficiente" y que las responsabilidades políticas "no pueden acabar aquí".

En su opinión, las dimisiones "suponen la confirmación y el reconocimiento" de las "graves irregularidades en la contratación denunciadas por el Partido Popular"; y demuestran que "aquí no había ninguna novela, ninguna cacería, ni ninguna conspiración", sino una "denuncia fundada que a día de hoy ninguna de las personas implicadas ha sido capaz de aclarar y mucho menos igual de desvirtuar o rebatir".

"ÚNICA SALIDA POSIBLE"

Para Buruaga, la única "salida posible" para ambos altos cargos era el cese o la dimisión, porque "a los ojos de la comunidad profesional y de la sociedad de Cantabria, carecen de la confianza y el crédito necesario" para seguir administrando los más de 800 millones de euros que conforman el presupuesto del SCS.

La presidenta del PP ha denunciado que la consejera pretende "poner en bandeja al presidente Revilla las cabezas de dos altos cargos para dar cerrojazo, para poner punto y final a este asunto", y con ello salvar su cabeza y seguir al frente de la Consejería.

Sin embargo, ha advertido que el PP "seguirá investigando unas irregularidades que son la punta del iceberg", y ha dicho que estos ceses "agrava la responsabilidad" de la consejera, que "es la que nombra, la que mantuvo y la que ha respaldado a estos altos cargos directamente implicados en estas irregularidades".

Por ello, considera que la única salida digna que tiene es la de dimitir, porque "con sus comportamientos desde el mes de febrero", al "enterrar" la denuncia de la jefa del Servicio de Contratación del SCS "ha ligado su suerte y su destino al de estos dos altos cargos".

Junto a todo ello, Buruaga ha hecho un llamamiento al presidente de Cantabria, al que ha pedido "que abandone la hipocresía en la que vive, que deje de dar la espalda a la realidad" y ataje el que a su juicio tiene "todos los visos de ser el primer escándalo de corrupción" del gobierno Revilla. "

En definitiva, para la presidenta del PP, la consejera de Sanidad tiene que asumir de una vez por todas sus responsabilidades políticas en este asunto y el presidente de Cantabria, pedirlas, "tiene que exigirlas de la misma manera que hacen los dos con todos los demás", concluyó.

PODEMOS TAMBIÉN PIDE LA DIMISIÓN DE REAL

En la misma línea, Podemos también cree que a Real "sólo le queda una salida, dimitir". Así lo ha dicho el diputado Alberto Bolado, quien ha afirmado que toda la actuación de la consejera ha sido "irregular desde el minuto cero" ya que "sólo ha tomado las mínimas medidas que le exige la Ley", como la apertura del expediente informativo.

Bolado ha criticado que en las comparecencias de la semana pasada

en la Comisión de Sanidad del Parlamento "no nos dieron las explicaciones que pedíamos" y la consejera se limitó a defender a ultranza a los cargos que ella mismo nombró y su gestión".

En su opinión, Real "no está capacitada" para seguir dirigiendo la consejería, "porque fue quién les nombró, porque ha defendido su gestión, porque no ha actuado y porque, o no se ha enterado de lo que ocurría en el organismo autónomo o ha mentido".

"Si ella no toma la decisión de dar un paso atrás, tendrá que ser el presidente del Gobierno quien la aparte", ha dicho Bolado, quien ha anunciado que Podemos va a registrar una interpelación a la consejera para que explique y valore el contenido del expediente informativo, para que explique los motivos reales de las dimisiones y, "si no consigue convencernos, exigiremos de manera contundente las responsabilidades políticas que se relacionan al caso".

CS: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha señalado que "lo primero que tenemos que conocer es la verdad" y para ello es "imprescindible" que se celebre la comisión de investigación. No obstante, ha dicho que las dimisiones hacen "aumentar las sospechas de que este caso tenga la gravedad que anunciaba la denuncia de la jefa de Contratación del SCS".

A preguntas de los periodistas sobre si Cs va a solicitar la dimisión de la consejera, ha indicado que "cuando conozcamos la verdad nos podremos posicionar a este respecto". Gómez ha destacado que las dimisiones "vienen a reafirmar la necesidad de conocer en detalle qué es lo que ha pasado" y "cuáles son las implicaciones de la Consejería, que ha estado dos meses tapando este asunto".

"La consejera de Sanidad ha hecho todo lo posible porque todo esto no saliera a la luz y por pasar de tapadillo", ha dicho Gómez, que ha apuntado a las presiones ejercidas por la oposición, el Sindicato Médico y la propia denunciante como las principales causas por las que se han producido estas dimisiones.

El portavoz parlamentario de Cs ha matizado que los intervinientes en una comisión de investigación "no pueden mentir", ya que entonces "se enfrentan a un proceso judicial y a sentarse delante de un juez".

PRC: "ESPERAR AL EXPEDIENTE INFORMATIVO"

Para el PRC, "lo más adecuado es esperar" a conocer el contenido del informe y las explicaciones que del mismo dé la consejera y después actuar en consecuencia, pero no se hace así porque "en el fondo es una batalla política".

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha dicho que "hay que hacer las cosas bien" y que "no parece normal" pedir dimisiones sin conocer los datos de ese informe, y una vez que se ha anunciado que el jueves irá al Consejo de Gobierno y posteriormente se remitirá al Parlamento con una petición expresa de comparecencia de la consejera.

Ha añadido que al PP "poco le importa realmente cómo se ha contratado en el SCS porque ellos mismos actuaron de la misma manera o peor", algo que se verá -ha dicho- cuando se analicen los contratos de la anterior legislatura. "Revilla lo dijo y los regionalistas lo mantenemos; vamos a ser absolutamente duros con todo aquello que no sea regular", ha concluido.

Por su parte, Izquierda Unida ha señalado que las dimisiones de los altos cargos del SCS no pueden ser un "cierre en falso" para la crisis por las contrataciones en el SCS; y ha llamado la atención sobre que se produzcan después de que éstos negaran en el Parlamento cualquier sombra en su gestión.

Por otro lado, IU denuncia que tres empresas señaladas en la denuncia que investiga la Fiscalía, que comparten los dos mismos administradores solidarios, también han sido receptoras de contratos menores "con conceptos idénticos" por parte de las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda y de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ambas gestionadas por el PRC, lo que a su entender "sugiere que el Gobierno habría recurrido al fraccionamiento de contratos".