Al final del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel que pedía inicialmente por unos hechos que considera que son constitutivos de un supuesto delito continuado de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, por el que también pide el pago de una multa de 3.000 euros.

La acusada, para la que su defensa ha pedido la libre absolución, ha explicado que consideró que los responsables de la empresa de seguros "apañaron todo" lo relativo a la comunicación de la defunción de su madre, el 15 de junio de 1998, para el bloqueo del pago de la pensión de viudedad, que cobraba en una cuenta de una entidad financiera con sede en Granada de la que era cotitular, y con la que controlaba la economía familiar, junto con otra de la que tenía una segunda cartilla.

Además, ha señalado que "confiaba" en que las empleadas de la entidad bancaria del pueblo de la provincia de Granada en que reside conocían que su madre había fallecido, pues una de ellas estuvo en el funeral.

La pensión de viudedad de la Seguridad Social que cobraba la progenitora de la acusada era de 620 euros al mes. La Fiscalía ha mantenido que, tras el fallecimiento de su madre, "no solo no comunicó dicha circunstancia al Instituto Nacional de la Seguridad Social", sino que, "con ánimo de lucro, continuó cobrando en dicha cuenta la pensión de su madre ya fallecida, extrayendo y disponiendo del dinero de la misma".

Asimismo, el Ministerio Público mantiene que, al ser integrada la entidad financiera en otro banco, y como no se realizaron "los controles de vivencia desde el fallecimiento de la perceptora de la pensión", la acusada siguió cobrando a partir del mes de octubre de 2013 "de forma automática" en otra cuenta de su titularidad.

La mujer continuó cobrando la pensión "hasta su baja definitiva cursada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social", hasta lograr hacerse supuestamente con un importe total de 111.138 euros, de los que el banco habrá de responder, de ser condenada la acusada, como responsable civil subsidiario. En total, la habría cobrado "indebidamente" desde el 1 de julio de 1998 al 31 de octubre de 2014, según precisa el fiscal.

Hay que señalar que, tras iniciarse un procedimiento administrativo, la Seguridad Social consiguió el reintegro por parte del banco de 33.736 euros, correspondientes al pago de los últimos cuatro años, más 170 euros "de saldo existente en la cuenta, adeudando una cantidad de 77.321 euros".

En su informe de conclusiones definitivas, la Fiscalía ha considerado "probado" que se produjo un "engaño" por parte de la acusada al "hacer creer al banco que su madre seguía viva", gestionando la cuenta de la que eran cotitulares "antes y después" de la muerte.

El juicio, en que también han comparecido, como testigos, el marido y el hijo de la acusada, así como dos representantes de la entidad bancaria, ha estado a punto de no celebrarse, por un acuerdo entre las partes, que finalmente no se ha llegado a producir. Previamente, había sido aplazado el pasado 4 de mayo pues no fue citado el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ejerce como acusación particular en el caso.