Marlen Minguel y Gerard Serra
Marlen Minguel y Gerard Serra EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé (PDeCAT), ha declarado este viernes como testigo en el juicio contra dos altos cargos por acoso laboral al exinterventor de la institución J.M., y ha negado que hubiera irregularidades en las facturas que no contaron con la conformidad del entonces interventor.

En la sesión del viernes de la semana pasada, en el Juzgado Penal 2 de Lleida, el exintervenor declaró que su cese se debió a que no daba conformidad al pago de todas las facturas, subvenciones, horas extras, días de vacaciones o licitaciones en las que, según dijo el presidente, ponía como condición que todas las obras se adjudicaran a empresas de Lleida.

Están acusados el coordinador de Nuevas Tecnologías, Gerard Serra, y la jefa de Organización y Gestión, Marlen Minguell, por un presunto caso de acoso laboral al exinterventor y a un técnico informático y delegado sindical de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que en calidad de sindicalista cuestionó en los medios de comunicación el cese de J.M.

Reñé ha dicho que "es falso" que él exigiera que todas las obras se adjudicaran a empresas de Lleida, ha justificado el cese por las continuas quejas de alcaldes, secretarios de ayuntamientos y funcionarios de la Diputación ante cambios de criterio del interventor que retrasaban la aprobación de expedientes, y ha defendido una de las facturas cuestionadas, la de una cena de la vigilia de las elecciones en el Puerto Olímpico de Barcelona (23 de noviembre de 2012).

Sobre los gastos de un viaje al Valle de San Joaquín en California, a los que el exinterventor no dio su conformidad argumentando que necesitaba justificar el desplazamiento, Reñé ha explicado que entregó más dinero del que se llevó.

El presidente de la Diputación ha contado que junto a las personas que le acompañaban hizo un viaje que ha calificado de austero: "Nos hospedamos en hoteles de 25 euros y comí más hamburguesas que en toda mi vida".

Reñé ha explicado que "no le corresponde al interventor justificar el interés público ni valorar la idoneidad del viaje del presidente", y ha contado que aquel viaje permitió instalar el sistema de riego por goteo del campo experimental de almendros y granados en una finca propiedad de la institución en Maials a través de un acuerdo entre el Irta y la Diputación.

En su declaración, ha defendido el trabajo que realizaban él y su equipo, del que ha dicho que es "honesto, transparente, eficaz y eficiente para que este territorio pueda mejorar sus servicios".

Por su parte, la oficial mayor de la Diputación, Rosario Rodríguez, ha rechazado las acusaciones de aislamiento que planteaba el exinterventor, y ha defendido que la pérdida de permisos para acceder a plataformas informáticas de las que habla la acusación forman parte del protocolo de la casa con los trabajadores cuando cambian de servicio.

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