En un comunicado, ha manifestado que es "absolutamente falso" que Solvalgaray Marítima haya "ni tan siquiera intentado intimidar, amenazar o presionar" a los técnicos o personal de Autoridad Portuaria, tal y como sostiene la "sonrojante y atrabiliaria" nota de prensa de la APB.

Según la concesionaria, que la APB acuda a la Fiscalía de Baleares "con unos recortes de periódico" y emita una nota de prensa anunciándolo "con el ánimo evidente de socavar la reputación de la concesionaria", es algo "inusitado e impropio" de una institución pública y, en el caso concreto de la APB, contrasta con la "actitud contemplativa" mantenida durante los últimos tiempos respecto a los casos de "corrupción sistémica" que le afectan.

Sovalgaray Marítima ha dicho optar por instrumentar la defensa de sus intereses que, a su entender, coinciden con los de la generalidad de los ciudadanos residentes y visitantes, "frente al de sectores empresariales que parecen ser los amparados por las resoluciones de la APB", ha afirmado.

La concesionaria ha procedido a personarse ante la Fiscalía, poniéndose a disposición de sus titulares para aclarar cualquier extremo, así como para suministrar cuanta documentación pueda resultar de interés del Ministerio Público. Según han añadido, no se descarta que puedan resultar encausados directivos de la administración denunciante.

Sovalgaray Marítima ha reiterado en el comunicado su voluntad de explotar "pacífica y legalmente" el edificio, pero sin someterse a los designios "caprichosos e interesados de un grupo de empresarios, cuya única vocación es la de lucrarse al máximo posible en detrimento del interés público", han concluido.