Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, "el acusado, en calidad promotor, ejecuta desde 2015 la construcción de una vivienda de 165 metros cuadrados y otra construcción auxiliar para nave de unos 135 metros cuadrados, dentro del término municipal de Moguer (Huelva), en concreto, en el Paraje Cabañas Polígono 19".

La Fiscalía indica que las mismas "se ejecutan en suelo no urbanizable (rústico) sin especial protección donde además se ha producido una 'parcelación ilegal' en la que se ha segregado la parcela afectada con unos 1.000 metros cuadrados de la número 171".

Además, considera que "el promotor no solicitó autorización y licencia municipal para la construcción", así como, inspeccionadas las obras por el Seprona el día 27 de abril de 2017, se comprobó la ejecución de las obras, no estando totalmente terminadas".

Ante esto, el Ayuntamiento incoó el expediente de restauración de la Legalidad Urbanística el 12 de abril de 2016 al ser "las obras incompatibles con la legalidad y decretó en mayo su total demolición, tasando su coste en 5.111,72 euros".

Por su parte, el Ministerio Fiscal considera que los hechos anteriores constituyen un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable del art. 319.2 del Código Penal.

Por ello, entiende que procede imponer al acusado por el delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y tres meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena multa de 20 meses con una cuota diaria de siete euros (4.200 euros) y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas en caso de impago por insolvencia e inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante tres años; costas.

Respecto a la responsabilidad civil, estima que procede acordar la demolición de estas construcciones en la conclusión primera a cargo del acusado y previa elaboración de un proyecto técnico que, con la aprobación del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado.

En su defecto el acusado indemnizará al Ayuntamiento en 5.111,72 euros que deberán ser empleados en la ejecución de dicha demolición y se acordará el comiso de la ganancia obtenida con la construcción.