Las denuncias fueron presentadas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325 CP), continuado contra la fauna (334 o 335 CP) y prevaricación administrativa (404 CP).

Las diligencias de investigación fueron archivadas por el Fiscal al entender que en los hechos denunciados "no hay indicios de infracción penal". Los denunciantes podrían reproducir su denuncia en el Juzgado de Guardia si no estuvieran conformes con el decreto dictado por el Fiscal.

En el transcurso de las diligencias, el Fiscal analiza la situación legal del lobo en el Principado de Asturias, esto es, qué tipo de protección tiene, y destaca, apoyado en informes técnicos y reiterando lo que ya viene advirtiendo en las últimas memorias de la Fiscalía asturiana, que la Administración del Principado "juega con la ambigüedad" al tratar la regulación de la especie, "pues no realiza un posicionamiento claro y terminante sobre cuál es la protección que desea atribuirle, prefiriendo no obstante una determinación genérica".

Sin embargo, apunta, ello no implica que se esté cometiendo delito alguno, pues "lo absolutamente relevante para ello sería que se pudiera acreditar de forma fehaciente que la Administración aprueba dar muerte al lobo a sabiendas de que el mismo ha pasado de un estado de conservación favorable a un estado no favorable".

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