Según han explicado, esta ley permitirá colaborar con la Administración "desde el diseño hasta la implementación de las normas y políticas que afectan a los colectivos que representan las entidades del tercer sector".
Además, facilitará aspectos como la preferencia en la provisión de servicios públicos, han explicado.
Asimismo han agradecido "el consenso político y la participación" de las entidades del tercer sector en la elaboración de esta ley.
Cermi Baleares integra 62 entidades con 1.800 profesionales y 600 voluntarios que trabajan con más de 8.000 personas con discapacidad.
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