El empresario catalán Javier de la Rosa ha admitido hoy su participación en la apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía Gran Tibidabo, que presidió hasta 1993, pero no aceptó los tres años de cárcel que solicita para él la Fiscalía tras el acuerdo extraprocesal que las partes alcanzaron en diciembre.

Su defensa pidió que se le condene sólo a medio año apelando a la "misión humanitaria" de la justicia, ya que De la Rosa lleva ocho años sometido "a enjuiciamiento constante" y sufre "trastornos neurológicos".

La vista se ha reanudado en la Audiencia de Barcelona para juzgar por un presunto delito fiscal de De la Rosa, presidente de Gran Tibidabo hasta 1993; Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdà, ex presidente de Consorcio Nacional del Leasing (CNL); Arturo Piñana, vinculado a sociedades de De la Rosa; y Carolina Malagelada, relacionada con empresas intermediarias.

Todos los acusados aceptaron las penas rebajadas por la Fiscalía --que suponen entre medio año y tres años de cárcel--, excepto De la Rosa, ya que su defensa pidió hoy que se le imponga medio año de cárcel en lugar de los tres años solicitados por la Fiscalía --que inicialmente pedía 13 para el empresario--.

El letrado apeló a la "misión humanitaria" de la Justicia porque De la Rosa "lleva sometido a un enjuiciamiento constante durante los últimos ocho años" y sufre prisión desde 1994, tanto de forma preventiva como efectiva.

Su defensa afirmó, además, que el empresario y su familia han sufrido el "castigo adicional" de aparecer de forma "constante" en los medios de comunicación, que "muchas veces" le han sometido a "juicios paralelos" y han llegado a publicar una foto suya comiendo un bocadillo en la cárcel Modelo de Barcelona. Según su letrado, todo ello le ha provocado "trastornos de carácter neurológico" que el 7 de enero le obligaron a ingresar de urgencia en un centro médico.