Fernández, que "respeta pero no comparte esta decisión judicial", ha dicho en un comunicado que "en todo momento actuó en defensa del interés general del consistorio y de sus vecinos", en relación a la construcción del instituto en el municipio. Garantiza que "en ningún momento se ha causado perjuicio al pueblo ni ha habido lucro personal ni de terceros".

"Lo único que he hecho ha sido trabajar por mi municipio y defender el interés general de los vecinos de mi pueblo, convencida de que mi forma de proceder se ajustaba a la ley", ha indicado Fernández. Ha explicado que el dinero recibido se destinó a la construcción del centro educativo como estaba previsto y "se justificó hasta el último céntimo", de modo que, según ha dicho, "nunca ha existido desvío de fondos a fines distintos de los intereses del municipio".

Rosario Fernández, que dice sentirse "consternada" y que se ha dado de baja en el PSOE, ha subrayado que confía "plenamente en la labor de la Justicia" y se ha mostrado convencida de que cuando se estudie el recurso que se va a presentar será admitido".

Ha sido condenada a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y otro de falsedad por la "obtención ilegal de financiación" para el Ayuntamiento mediante renovaciones del crédito que solicitó el consistorio para afrontar el pago de la construcción de un instituto financiado por la Junta.

El que fuera secretario interventor de La Tahá ha sido condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación por los mismos delitos que a la exregidora y un exconcejal que actuó de tesorero a siete años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación.