La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará desde el lunes el juicio por narcotráfico contra los 52 acusados del clan de 'El Pablo'.

En concreto, el juicio está fijado del 7 al 11 de mayo. Es previsible que la mayor parte de los acusados acepten un acuerdo de conformidad por el que rebajarán sus penas, como ya se avanzó en una vista previa que tuvo lugar en octubre. Entonces lo hicieron una treintena de los acusados y la Fiscalía no descartaba llegar a más acuerdos durante el plazo fijado por la Audiencia por lo que esta cifra podría aumentar.

Sin embargo, el acuerdo no comprendía a todos los acusados por lo que se señaló la celebración de la vista oral para enero, pero finalmente se fijó en mayo.

Para los acusados la Fiscalía pide penas que suman más de 200 años de cárcel por tráfico de drogas.

Entre los posibles acuerdos de conformidad figura el del cabecilla del clan, Pablo Campos Maya, más conocido como 'El Pablo', por el que aceptaría los hechos y una pena de cárcel de cuatro años y medio en vez de los siete que se pedían inicialmente. Uno de sus dos hijos también aceptó el acuerdo en octubre.

ESTRUCTURA ORGANIZADA

La Fiscalía considera que los acusados funcionaron, al menos desde agosto de 2014 a septiembre de 2015, como una estructura organizada cuya finalidad era el "lucro proveniente de la difusión de sustancias estupefacientes -marihuana y cocaína- a terceras personas".

Así, considera que la agrupación estaba dirigida por 'El Pablo', "bajo cuyas órdenes se encuentran todos los demás y que es el principal beneficiario de las ventas de estupefacientes" lo que le permitió "irse haciendo progresivamente con la práctica totalidad de las propiedades en varias calles de la Soledad".

Según se explica, en estas calles tenía instalados puntos de venta de drogas, normalmente regentados por familiares suyos, con lo que creó una zona "prácticamente impermeable a la investigación policial" debido a que cualquiera que pasara por esas calles -especialmente la calle Teix- y que "no fuera del grupo o cliente era inmediatamente detectado".

A cambio de esta protección, según el Ministerio Fiscal, todos los puntos de venta se abastecían de 'El Pablo' y sus principales colaboradores, sus hijos, que regentaban cada uno un punto de venta y supervisaban otros.

CONTROL DE LA SOLEDAD MEDIANTE INTIMIDACIÓN

Según el fiscal, además del control de La Soledad comprando propiedades en el barrio, la trama ejercía coerción e intimidación tanto a los vecinos de la zona como a los integrantes de los escalones más bajos de la estructura para que no denunciaran ante la Policía.

Las ingentes ganancias del negocio eran canalizadas en la compra de diversas propiedades, muchas veces puestas a nombre de terceros integrantes del grupo familiar, hechos por los que se abrió una investigación por posible blanqueo de capitales.