Así lo ha anunciado la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear en una nota de prensa en la que recuerda que en Baleares se han detectado 627 casos positivos de esta plaga vegetal.

El decreto está en información pública desde este jueves hasta el próximo 24 de mayo. La calificación de utilidad pública permite establecer medidas fitosanitarias adicionales.

El decreto redactado por la Conselleria prevé también las medidas obligatorias a adoptar, recogidas hasta ahora en forma de resolución, y adapta la normativa de la Comunidad Autónoma al nuevo marco legal comunitario.

El decreto establece que las autoridades fitosanitarias de cada territorio, que son los consells insulars -a excepción de Mallorca- deberán presentar un Plan de Acción insular para combatir el organismo especificado en el ámbito del territorio propio, en los tres meses posteriores a la entrada en vigor del decreto, con el fin de adaptar las medidas a la realidad de cada isla.

Estos planes serán coordinados por la Dirección General de Agricultura y Pesca del Govern y establecerán funciones y responsabilidades de la autoridad fitosanitaria; protocolos descriptivos de los métodos de examen visual; muestreo y análisis de laboratorio; recursos mínimos y normas sobre formación del personal; lugares con valor cultural, social o científico particular; y estrategias y control de la salida de material vegetal fuera de Baleares.

También se establecerán controles entre la isla de Ibiza y el resto de islas, dado que allí se ha detectado la subespecie de pauca, no detectada en el resto del territorio autonómico.

En cuanto a las medidas de contención, el decreto recoge el Plan de Contención propuesto por la Conselleria, con la eliminación de todos los vegetales en los que se haya detectado la infección, después de haber aplicado los tratamientos fitosanitarios contra los vectores y las plantas y que puedan alojarse en un plazo de un mes desde la detección; la destrucción por quema o trituración de los vegetales infectados; y la elaboración de pruebas al menos dos veces al año a las plantas huéspedes en un radio de 100 metros alrededor del radio infectado.

El decreto también recoge otras medidas ya en vigor, como el procedimiento en caso de detectar la Xylella, el procedimiento para las inspecciones anuales, qué especies se pueden plantar, la normativa de circulación de vegetales y sus controles, así como directrices para las campañas de sensibilización.

Baleares fue la primera comunidad autónoma en declarar el brote de Xylella en noviembre de 2016, posteriormente lo hizo la Comunidad Valenciana, y recientemente las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid han confirmado también la afectación de esta plaga.

El proyecto del decreto se puede consultar durante un plazo de quince días hábiles, y formular las alegaciones que se consideren oportunas, en la página web de participación ciudadana del Govern y en la Dirección General de Agricultura y Ganadería.