El juicio por el 'caso de las multiestafas' o la 'Operación Árbol', con hasta 65 encausados asistidos por medio centenar de letrados, el más multitudinario en la historia judicial vallisoletana, arranca el día 23 de octubre y se prolongará, en principio, durante un mes en la Audiencia Provincial, que para ello trasladará su sala de vistas a la Feria de Muestras.

Aunque la Fiscalía de Valladolid y los letrados de los encausados confían en cerrar antes buena parte de acuerdos para sellar sentencias de conformidad, con penas sensiblemente inferiores a las iniciales, la fecha del comienzo del juicio ya ha sido fijada para el 23 de octubre y la de conclusión para el 16 de noviembre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las fechas y comunicación del traslado provisional de la sala a la Feria de Valladolid ha sido comunicada este mediodía por los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal, presidida por Feliciano Trebolle, en el trancurso de la reunión mantenida con los abogados defensores de los procesados.

La imposibilidad material de acoger a tan elevado número de acusados y letrados ha obligado a la Audiencia Provincial, por primera vez en su historia, a salir de sus instalaciones y trasladar provisionalmente su sala a la Feria con el fin de facilitar la celebración de un proceso en el que la Fiscalía imputa delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos continuados de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con delitos continuados de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social, extorsión y receptación.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman más de 190 años de prisión. Cinco de los 65 encausados, entre ellos el supuesto cabecilla, Miguel Ángel M.D, se enfrentan a las penas más elevadas de casi once años de prisión, mientras que otra de las acusadas podría ser condenada a nueve años y para el resto la acusación pública solicita penas que oscilan entre tres años y un año y nueve meses de privación de libertad.

Además, solicita para seis de ellos multas por importe superior a los 120.000 euros y para el resto, en concepto de responsabilidad civil, la devolución las entidades financieras perjudicadas de las indemnizaciones correspondientes por los productos adquiridos mediante el uso de nóminas falsas.

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a principios del presente año a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

EL PROPIETARIO DE UNA GESTORÍA

Prosiguiendo la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado y que, en un primer nivel de la supuesta organización, figuraba como presunto cabecilla M.A.M.D., propietario de una céntrica gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una 'Autorización RED' para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social.

Prevaliéndose de ellos, supuestamente, materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

Los falsos trabajadores eran facilitados por una serie de colaboradores que actuaban de forma coordinada con este gestor, quienes se llevaban también un porcentaje como comisión por sus servicios.

La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio: los "trabajadores" eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

Así, la organización adquirió diversos vehículos de alta gama (que eran revendidos en el extranjero), equipos informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía de última generación entre otros efectos, presentando las nóminas confeccionadas, no pudiendo detectarse por parte de las entidades financieras el fraude hasta que los "compradores" no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La red crecía con el tiempo, a la vez que la organización cambiaba la administración de las mismas para evitar ser detectados. Se investigó más de una veintena sociedades, contabilizándose más de 170 "falsos trabajadores" implicados.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades se dijo entonces que superaba los 200.000 euros, a lo que se sumaban las cantidades correspondientes a las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los trabajadores.