La jornada pretende analizar las herramientas de la nueva ley -que entró en vigor el pasado 9 de marzo- al servicio de las administraciones para luchar contra el desempleo y mejorar la calidad del mismo, así como para dar visibilidad a la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad y la inserción laboral a través de la reserva de contratos a empresas de inserción y centros especiales de empleo.

En concreto, el presidente del Consultivo, Mario Amilivia, ha defendido este concepto de "contratación estratégica" que valora las anteriores ideas, frente a anteriores leyes en que se apostaba por adjudicar los contratos a aquellos oferentes que realizaran la apuesta más barata.

Por su parte, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha subrayado lo "oportuno" de esta jornada, ya que la contratación pública es una materia "compleja" y "en permanente cambio". En este sentido, ha subrayado que la actual fórmula recogida en la flamante ley "responde a un tiempo nuevo", una vez superado un periodo de crisis en el que la normativa debía enfocarse más a solventar esas dificultades, dando por tanto prioridad a los aspectos economicistas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Clemente ha recordado que la actual ley veta la contratación con empresas cuyo porcentaje de empleados con discapacidad, en caso de superar los 50 trabajadores, no alcance el dos por ciento de la plantilla, al tiempo que se vigilan las condiciones laborales o de remuneración de los trabajadores.

Para la presidenta del Parlamento autonómico esto es "muy importante", ya que la contratación pública representa en España "el 20 por ciento de todo el Producto Interior Bruto", de modo que se constituye como "una herramienta para hacer política social".

MAYOR TRANSPARENCIA

La nueva ley persigue, además, una "mayor transparencia" en la contratación pública, una mejor relación calidad-precio -para lo que se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por unos criterios de adjudicación que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al contrato-, simplificar los trámites y un mejor acceso para las pymes, al tiempo que posibilita el rechazo de las ofertas anormalmente bajas si se comprueba que no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

Esta ley se adapta a la normativa europea en materia de contratación con el objetivo de modernizar la contratación pública de la Unión Europea, fomentar la eficiencia y permitir diseñar políticas que favorezcan el crecimiento en un contexto de globalización económica, como ha recordado la jefa del Legislativo castellanoleonés.

Silvia Clemente ha subrayado que, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate.

La jornada, a la que han acudido 200 profesionales de diversos colectivos, ha consistido en cuatro ponencias y una mesa redonda con la participación de expertos como el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno, quien se ha centrado en la contratación pública en los contratos sanitarios y sociales en la nueva Ley de Contratos.

Gimeno ha subrayado la "sensibilidad" de la nueva ley hacia "el valor de lo social" más allá del "precio", si bien ha reconocido la ralentización que se ha producido en la contratación pública durante las primeras semanas de vida de la ley, pero considera que esta primera etapa "se está superando" tras las "habituales resistencias al cambio" con que topa "cualquier norma".

La segunda ponencia ha versado sobre la temática de las cláusulas sociales en la contratación pública a cargo de Rafael Fernández, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y Coordinador del Máster en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente (DUMA) de la misma Universidad.

La figura del "concierto social" en la nueva Ley ha sido abordada por las profesoras Isabel Gallego y Ximena Lazo, mientras que la mesa redonda sobre la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y otras Entidades de Economía Social ha contado con la participación de la directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Judith Flores; el secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León, Jesús Fuertes, y el coordinador del área de Formación y Empleo de la CEPES, José Luis Henarejos.