La presidenta del PP de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha afirmado que su partido ha optado en primer lugar por la vía política de exigencia de explicaciones y responsabilidades por las "irregularidades e ilegalidades" en las adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud, pero como "no ha habido respuesta política ni la va a haber", están analizando con sus servicios jurídicos si "es susceptible" de llevarlo a la Fiscalía, y si lo es, "lo llevaremos".

"Si hay que ir más allá, iremos más allá, porque hay que llegar hasta el final", ha dicho Buruaga en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha acusado al Gobierno y en particular a la cúpula de Sanidad, de "poner en marcha la teoría de la conspiración" e intentar "matar o desprestigiar en este caso al mensajero". "El problema es que los mensajeros empezamos a ser muchos", ha apostillado.

Sobre la rueda de prensa que han ofrecido hoy el director del SCS, Julián Pérez, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, la presidenta del PP ha afirmado que han hecho "algo que es muy viejo, que es poner el ventilador, algo que en política no da resultados, no exime a los actuales dirigentes del SCS de su responsabilidad y desprestigia a todos".

Ha añadido que no se trata de juzgar si la gestión de uno y otro gobierno fue "más o menos eficaz o más o menos afortunada", y ha recalcado que las "irregularidades e ilegalidades" denunciadas por su partido en las adjudicaciones del SCS no son "una novela" sino que están "documentadas y acreditadas". A la vez, ha asegurado que "sólo es la punta del iceberg" y que es "un clamor" en el Servicio Cántabro de Salud.

Buruaga ha defendido que el PP ha actuado con "plena lealtad" hacia la administración y el Gobierno regional, ha confiado "erróneamente" en la palabra del presidente, Miguel Angel Revilla, y ha esperado reacciones, pero en vista de la respuesta, ahora van a analizar con los servicios jurídicos "en qué frontera nos estamos moviendo: ilegalidad, irregularidad, ilícito penal,...", y "si nos acercamos a la frontera del ilícito penal, acudiremos a la Fiscalía", ha dicho.

La presidenta del PP ha mostrado su respeto a la decisión de IU de llevar el asunto a la Fiscalía, y ha explicado que antes de tomar este camino, el PP ha querido "actuar con rigor y seriedad", porque "esto nos desprestigia a todos", y ha realizado en primer lugar una investigación "muy bien fundamentada".

"SOSPECHAS DE QUE HAY ILÍCITO PENAL"

En todo caso, ha confirmado que el PP tiene "sospechas de que hay un ilícito penal", y ha reiterado que "lo que ya hay sobre la mesa tenía que haber motivado la exigencia de responsabilidades políticas".

Responsabilidades concretadas en el cese de la cúpula de Sanidad: el director del SCS y el subdirector de Gestión Económica, y la consejera, Luisa Real, que en su opinión está "inhabilitada" para seguir en el cargo desde el mismo momento en que recibió una denuncia de una persona "tan relevante" como la jefa del Servicio de Contratación, con 35 años de servicio, "y lo tapó".

Buruaga ha añadido que Real "no sólo no actuó y no exigió responsabilidades" sino que "en lugar de investigar, lo que hizo fue pedir a ayuda a su partido -el PSOE- para ver si había un relevo en la Intervención y se paralizaba la fiscalización extraordinaria que se iba a poner en marcha".

La presidenta del PP ha vuelto a reclamar también una investigación "seria e independiente", que a su entender "se está bloqueando con una maniobra de distracción". El PP ha pedido que se encargue del asunto la Intervención General, porque "no es serio que la Consejería de Sanidad se investigue a sí misma". "Eso es escribir el resultado de antemano", ha dicho Buruaga.