La ley consta de cuatro capítulos y 23 artículos que crean un marco jurídico para la actividad de las entidades del tercer sector en las Islas. Con esta norma, estas entidades tendrán derecho a participar en el diseño de cualquier servicio social que afecte a su ámbito de trabajo, se crea un registro de entidades, se definen vías de colaboración con las administraciones públicas y se obliga al Govern a elaborar una estrategia de apoyo y difusión, entre otras medidas.

((Habrá ampliación))