Así, la dirigente socialista ha censurado los requisitos establecidos por el Gobierno central para aportar dichas cuantías, correspondientes a la financiación íntegra de las obras del centro hospitalario, según los cuales de los más de 111 millones pagados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por el contrato público privado suscrito la pasada legislatura para acabar la remodelación, Hacienda

"solo acepta como justificante" el 7,57% de ese importe, que supone unos 8,6 millones, según ha asegurado Real.

En este sentido, y tras asegurar que en 2016 ese Ministerio rechazó como justificante facturas que sí había aceptado en ejercicios anteriores, como en el 2013, la consejera de Sanidad ha alertado de que mantenerse ese criterio y de seguir "a ese ritmo", se tardarán "41 años" en transferir a Cantabria las cuantías comprometidas por el Estado para el costear las obras del Hospital, que suman en total más de 200 millones, la mitad de la III fase de las obras y el resto del sobrecoste de 100 millones, y de los que hasta ahora la Comunidad Autónoma ha percibido 57 millones.

Real ha ofrecido estos y otros datos este lunes ante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta formulada por el PRC, a través de su diputada Rosa Valdés, sobre los criterios establecidos por el Ejecutivo de Rajoy para abonar los 22 millones de euros consignados en los PGE de 2018 para el hospital.

La responsable de Sanidad ha aprovechado la interpelación del socio de gobierno para manifestar que Cantabria "no se merece el trato" que recibe del Estado, si se tienen en cuenta aspectos como una "financiación insuficiente", el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" y la "deslealtad institucional", y que ha dejado como única "salida" al Ejecutivo regional reclamar las cuantías adeudadas por la vía judicial.

Entre otras cosas, ha criticado que a lo largo de 2016 Hacienda fue solicitando "nueva y distinta" documentación al Gobierno de Cantabria para que justificara el pago de las cuantías necesarias para recibir la partida correspondiente a ese año, documentación que fue remitida -ha subrayado Real- por el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así las cosas, ha asegurado que las "discrepancias" con Hacienda -que no autorizó el abono de los 22 millones consignados- no radican en que no se acreditaran los pagos requeridos, sino en que el departamento que dirige Montoro "no aceptó" las facturas presentadas, por conceptos a los que sí había dado el visto bueno en años anteriores, como en 2013, cuando se realizaron los últimos pagos a la UTE adjudicataria de las obras.

Real, que se ha referido a su antecesora en el cargo, María José Sáenz de Buruaga, -actual presidenta del PP y líder de la oposición-

como "la portavoz de Montoro", también ha opinado que "de poca ayuda es que sea cántabro" el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander.

Asimismo, ha considerado que los 22 millones no abonados en 2016 y ni siquiera consignados en 2017 eran "muy apetecibles" para que Montoro pudiera "cuadrar sus cuentas", y ha considerado al respecto que ya estaba "decidido" el no transferir el dinero a Cantabria, porque "lo importante es cubrir el déficit del Gobierno".

Real -que ha considerado "insuficiente" la partida de 22 millones prevista en las cuentas de 2018 tras los montantes pendientes de los dos ejercicios precedentes- ha manifestado sobre la misma que no se puede "asegurar" que la vayan a recibir, y ha pedido al Estado que evite "cualquier excusa y obstáculo" a la hora de justificar el gasto.

Para finalizar, se ha referido a la enmienda que el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados para evitar que se mantengan los criterios actuales para justificar el gasto y percibir la partida para Valdecilla, porque así resulta, según ha dicho, "imposible".

PÉRDIDAS EMPRESAS PÚBLICAS

Por otro lado, y también ante el Pleno del Parlamento, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha cifrado en 4,4 millones de euros las pérdidas del "entramado" de empresas públicas, fundaciones y entidades dependientes del Gobierno regional este año, lo que supone un 30% menos que en 2016.

Así lo ha dicho al ser interpelado por la exconsejera del ramo y diputada del PP, Cristina Mazas, sobre los criterios del Ejecutivo PRC-PSOE acerca del informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que propone ajustes en el sector público regional.

En relación con esta cuestión, Sota ha abogado por llevar a cabo un estudio "sereno y reflexivo", al que el Gobierno está "abierto", según ha dicho, para poder así acordar "lo que mejor conviene"

a la Comunidad Autónoma, ha concluido.